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El exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, fue acusado por presunto incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio, informó este martes el Ministerio Público.
Al parecer, Masís habría votado una moción de la que debió inhibirse, sobre una apelación que pretendía eliminar una sanción administrativa en su contra impuesta por la presidencia del Congreso.
El asunto se originó el 16 de setiembre del 2020, cuando el plenario de la Asamblea Legislativa iba a conocer una denuncia contra la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Cuando iba a iniciar la sesión, Masís corrió, puso sus pies y brazos para evitar que cerraran la puerta, y luego de un forcejeo con el personal del Congreso, entró.
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Esto permitió que hubiera cuórum, pero diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC) advirtieron que Masís ingresó a la fuerza, y luego de consultar a ujieres y revisar videos, el presidente a.i. del Congreso, Jorge Fonseca, determinó que la sesión era inválida pues el socialcristiano llegó siete segundos tarde.
“Yo tenía toda la convicción de poder llegar a tiempo. Si hubo algo que desagrado, pues tengo que disculparme de la forma más cortés posible. Yo lo que trato es, como todos, de llegar para hacer cuórum; venía corriendo, vi un espacio e ingresé”, dijo Masís en aquel momento.
Un día después, diez de los diputados que estuvieron ausentes, incluyendo a Masís, votaron a favor de una apelación que presentó en aquel entonces Rodolfo Peña (qepd) contra la decisión de Fonseca de invalidar la sesión.
La moción se aprobó con 28 votos y eso permitió que los diez congresistas pudieran cobrar su dieta y no recibir el castigo reglamentario (el impago de la dieta) por faltar a una sesión.
Según la Fiscalía, Masís tenía un interés económico en el voto de dicha apelación, por lo que debió inhibirse.
“El expediente 22-000370-1218-PE fue comunicado a la Procuraduría General de la República (PGR), para que ese órgano se pronuncie respecto a la posibilidad de interponer una querella (acusación particular) y una acción civil resarcitoria, para el eventual reclamo económico por daños y perjuicios en favor del Estado”, indicó el Ministerio Público.
Asimismo, el expediente será enviado al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, con solicitud de apertura a juicio.
Este caso fue advertido por una denuncia del periodista Luis Manuel Madrigal, del medio Delfino, presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) contra los diez diputados ausentes.
Inicialmente la denuncia fue desestimada contra nueve de los diez legisladores, y solo mantenida contra Masís, quien fue denunciado penalmente en noviembre del 2022, cuando ya era representante del Gobierno ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el 2023, la PEP acogió un recurso de revocatoria y la Fiscalía abrió un nuevo expediente contra ocho de los otros nueve diputados. La investigación se sostiene contra Ana Karine Niño, Roberto Thompson, David Gourzong, Dragos Dolanescu, Walter Muñoz, Carmen Chan y Víctor Morales Mora. Shirley Díaz había sido denunciada, pero su desestimación se sostuvo porque tenía permiso médico para faltar ese día.
Eduardo Cruickshank también era investigado en esta causa, pero falleció en marzo pasado.
