El exdiputado del Partido Renovación Costarricense, Abelino Esquivel Quesada (2014-2018), y su esposa, Xinia Cortés Oporto, fueron condenados a seis y cinco años de prisión, respectivamente, por exigir a asesores legislativos una parte de sus salarios entre 2017 y 2018. Así lo resolvió este lunes el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José.
El abogado de Esquivel Quesada, Celso Gamboa, confirmó a La Nación que tanto el exdiputado como su esposa aceptaron los cargos por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, y optaron por acogerse a un proceso abreviado.
En este tipo de procesos, la persona imputada alcanza un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual se le impone una condena y se omite la realización del juicio oral y público. En el caso del exdiputado, esta decisión permitió reducir en un tercio la pena tanto para él como para su esposa, además de autorizarles cumplirla mediante el uso de un brazalete electrónico con monitoreo.
“El proceso se pactó en el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, luego de varios años de que se hubiera suspendido el debate, ya que don Abelino y su esposa se encuentran todavía muy afectados por el asesinato de su hija en la comunidad de Batán. Ellos preferían la salida más rápida para no enfrentar un contradictorio que se hubiera extendido por ahí de un mes”, comentó el abogado.
Empleados denunciaron cobro de “diezmo” en 2018
En abril del 2018, tres empleados de Esquivel denunciaron que el legislador los obligó, durante varios meses desde el 2017 y hasta esa fecha, a entregarle a él una parte de sus salarios. Los empleados calificaban informalmente este cobro como un “diezmo”, dado que Esquivel era pastor evangélico en su comunidad.
Se trató de los asesores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez, quienes confirmaron a este diario en ese momento que fueron obligados a entregar un monto fijo, todos los meses, sin que les explicaran mayores razones.
Marín tenía que darle al diputado ¢50.000 al mes, a Rodríguez le descontaban ¢125.000 y a Oconitrillo, ¢400.000; en total, se trataba de ¢575.000 mensuales.
En el caso de Oconitrillo, dijo que su situación fue diferente a la de sus compañeras, no solo por el monto que se le exigió, sino también porque a él le pusieron esa condición antes de darle el empleo, en julio del 2017.
Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.
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