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El Gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.
Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU.
Así lo anunció el gobierno costarricense tras la visita de la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Interior (DHS) que auspició las polémicas redadas antimigrantes en su país.
Noem dijo estar “muy orgullosa” de contar con “socios” como Costa Rica y el presidente Chaves: “Trabajan con nosotros para garantizar que las personas que están en nuestro país (Estados Unidos) ilegalmente, tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen”, dijo.
Según la administración de Rodrigo Chaves, la decisión final de aceptar o rechazar cada caso será tomada por Costa Rica de manera independiente. Además, el número de personas que se envíen se ajustará a la decisión del país.
“Una vez en territorio nacional, las personas serán atendidas bajo la legislación migratoria costarricense, recibiendo una condición legal temporal mientras se define su situación”, dice el comunicado.
Según las autoridades, se respetarán los derechos humanos de los enviados y se evitará dirigirlos a países en donde puedan enfrentar peligro o persecución.
“Estados Unidos gestionará el apoyo financiero necesario, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia como alojamiento y alimentación, sin que esto represente un gasto directo para Costa Rica”, finalizó el comunicado.
Este lunes, Koem visitó el país en el marco del reciente acuerdo del ”Escudo de las Américas“, un evento realizado el pasado 7 de marzo.
Esa actividad fue descrita por el presidente estadounidense, Donald Trump, como una “coalición militar”.
“Creemos que Costa Rica será un socio fundamental y líder en este escudo”, dijo Noem en un video difundido por Casa Presidencial este lunes.
Trump removió a Noem del cargo del cargo de jerarca de Seguridad Interior el 5 de marzo, dos días después de testificar ante el Congreso de su país por su trabajo en las redadas antimigrantes a lo largo del país.
Pese a solicitudes remitidas por La Nación, el gobierno de Rodrigo Chaves no ha enviado el acuerdo firmado en ese evento ni ha explicado el alcance formal de la participación del mandatario en dicha actividad.
Migrantes deportados y condena de la Sala
En febrero del 2025, el gobierno de Trump envió a Costa Rica 200 migrantes con el plan de repatriarlos, posteriormente, hacia sus países de origen. Esto se dio tras un acuerdo firmado por Chaves con esa potencia norteamericana.
Tras su arribo al aeropuerto Juan Santamaría fueron montados en un bus y enviados al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), una antigua fábrica de lápices, en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) denunció, en marzo de ese año, que los migrantes sufrían una privación de libertad de facto al no poder salir del Catem.
El 24 de junio del 2025, la Sala Constitucional resolvió favorablemente, por mayoría, un recurso de hábeas corpus y ordenó la liberación de una decena de migrantes ubicados en el Catem.
Incluso, en noviembre anterior, la Sala advirtió al director interino de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, que podría ordenar la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no acata por completo esa sentencia que le exige definir el estatus migratorio y liberar a las personas deportadas desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump.
Una visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en marzo del 2025, describió la situación de los migrantes como “lamentable y triste”.
“Pudimos determinar diferentes condiciones importantes en materia de alimentación, de salud y también realizamos una serie de entrevistas a estas personas que todavía están en el albergue; es muy lamentable la situación migratoria que viven ellos y la incertidumbre que estas personas están pasando en estos momentos en el Catem”, dijo en ese momento, la diputada Monserrat Ruiz.
Deportación masiva
El pasado 13 de marzo, Costa Rica deportó 33 extranjeros. El operativo fue ejecutado por la Policía de Migración en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
Entre las nacionalidades incluidas en el grupo hubo personas de Panamá, India, China, Gran Bretaña, Jamaica, México, El Salvador, Honduras, Colombia y Ecuador.
Ese fue el primer ejercicio conjunto de deportación de extranjeros. En el pasado, lo común es que cada persona viajara por separado, en compañía de un policía, en aviones comerciales.
En un comunicado explicaron que Estados Unidos aporta los recursos, apoyo técnico y logístico para trasladar los migrantes a otros países.
