Juan Carlos Obando, empresario que se presenta como asesor de EBI, la empresa que pretende construir el relleno sanitario de Turrúcares, en Alajuela, ejerció el rol de coordinador de transportes de la campaña de la presidenta de la República, Laura Fernández, y aportó dinero al Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Recientemente, la noche de este miércoles 4 de noviembre, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió el desarrollo del relleno sanitario ante los vecinos de Turrúcares y les condicionó una posible inversión comunal a que la obra se desarrolle.
En documentos en poder de La Nación, Obando dice que es asesor empresarial de EBI de Costa Rica y, además, que fue coordinador de Transportes de la campaña electoral del PPSO, en donde tuvo bajo su responsabilidad el eje estratégico de movilización. Uno de los documentos es del 29 de junio del 2026.
Años atrás, él fue donante activo en campañas del Partido Liberación Nacional (PLN).
La Nación envió consultas a EBI para conocer si tenía conocimiento de la participación de Obando en la campaña. La compañía respondió: “El señor Juan Carlos Obando no forma parte de la planilla de EBI y no ocupa ningún puesto en la empresa. Por esa razón no nos corresponde dar criterio sobre su persona, sus actividades privadas ni procesos anteriores. EBI no tiene ninguna relación con los hechos ocurridos ayer (4 de noviembre)”.
Asimismo, se intentó obtener la versión de Obando por vía telefónica y mediante mensajes de texto; sin embargo, al momento de publicar esta noticia, no se había obtenido respuesta.
Donación a la campaña de Laura Fernández en agosto del 2025
Juan Carlos Obando Umaña, quien además fue gerente de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el pasado, donó ¢5 millones a la campaña de Fernández, según consta en los reportes que el PPSO entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Obando hizo la donación a Pueblo Soberano el 6 de agosto del 2025, pocos días después de que Laura Fernández anunciara su precandidatura.
Sentencia por hecho ocurrido cuando se tramitaba el relleno de El Huaso, en Aserrí
Años atrás, en el 2010, Obando fue condenado a un año de prisión por el delito de cohecho impropio (dar una dádiva) en la modalidad de penalidad del corruptor, según consta en la sentencia N.° 31-2010, emitida por el Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, el 27 de enero del 2010.
Incurrió en esta conducta en el 2005, cuando fungía como gerente de la firma EBI, dedicada a la recolección y tratamiento de basura. Él entregó $45.000 al entonces alcalde de Aserrí, Mario Morales, para que recuperara una casa. Lo hizo cuando se tramitaba la instalación del relleno sanitario de El Huaso, en Aserrí.
Aunque ambos alegaron que se trataba de un préstamo personal, el Tribunal concluyó que Obando, “a sabiendas de la condición de funcionario público de Morales, le proporcionó una dádiva indebida para hacer actos futuros, propios de sus funciones, hechos algunos de ellos concretos y ciertos y otros futuros y eventuales”.
La sentencia quedó en firme en julio del 2011, cuando la Sala Tercera, por mayoría, confirmó la condena de un año de prisión para Juan Carlos Obando, por el delito de cohecho impropio; y de cinco años para Mario Morales, por un delito de enriquecimiento ilícito (acrecentar el patrimonio personal) y otro de cohecho impropio (recibir una retribución o dádiva), así como tres delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes.
Sin relleno no habrá inversión
Este miércoles por la noche, Rodrigo Chaves, defendió la apertura de un relleno sanitario de la empresa EBI en el distrito alajuelense de Turrúcares.
En un encuentro con vecinos, Chaves condicionó una eventual inversión para la comunidad a que el Concejo Municipal de Alajuela elimine, antes del 2 de diciembre, un proceso de lesividad que busca revertir los usos de suelo otorgados para la apertura del relleno en la zona.
Este proceso impide que la empresa canadiense EBI pueda dar el banderazo de salida.
Según reportó La Nación, en el 2011, se le otorgaron cuatro usos de suelo a la empresa EBI en Turrúcares, pero en el 2016 se presentó un proceso de lesividad para revocar esos usos de suelo, apoyándose en el plan regulador. A inicios del 2024, se presentó otro proceso de lesividad.
EBI interpuso un arbitraje internacional contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) luego de que la Municipalidad de Alajuela buscara que no se construya el relleno en Turrúcares.
Según Rodrigo Chaves, la empresa pide una indemnización de $154 millones (unos ¢70.000 millones), mientras que los costos de la defensa ascienden a $4 millones (unos ¢2.000 millones).
“Ya saben, en el momento que el Ministerio de Hacienda tenga que girar ¢2.000 millones... antes del 2 de diciembre que ya empieza la convocatoria (del litigio); o sea, esto (la oferta) dura 15 días, 22 días”, dijo Chaves, quien durante el evento giró órdenes a los otros ministros y les exigió plazos, como si estuviese en el papel de un presidente.
Chaves les prometió a los vecinos construir centros de cuido para niños y adultos mayores, mejorar las rutas nacionales 721 y 136, levantar dos puentes y construir un colegio técnico profesional a cambio de permitir el relleno en Turrúcares. También ofreció desarrollar espacios comunitarios y deportivos, aunque indicó que podría incluir otras obras.
En Costa Rica hay siete rellenos sanitarios, sin embargo, según el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, dos se encuentran en cierre técnico: uno ubicado en La Carpio y otro en Aserrí. Los dos son de EBI, empresa que posee un tercero ubicado en Limón.