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La discusión en torno a la minería y la explotación petrolera en Costa Rica ha sido retomada por la mayoría de los partidos políticos participantes en las elecciones nacionales del 2026.
El fallido plan de minería en Crucitas de Cutris, en San Carlos, convirtió ese terreno en una zona de extracción ilegal, contaminación y delincuencia durante los últimos años.
Desde entonces, las fuerzas políticas y ambientales han tomado posturas opuestas sobre la forma como el país debería aprovechar este recurso natural.
En la actual campaña electoral, son más los partidos que se muestran anuentes a retomar esta actividad, bajo estándares ambientales, que los que avalan permitir la explotación petrolera.
De los 20 planes de gobierno analizados por La Nación, ocho mencionan el desarrollo de la minería, bajo distintas condiciones.
Se trata de propuestas planteadas por los partidos Esperanza Nacional (PEN), Integración Nacional (PIN), Frente Amplio (FA), Justicia Social Costarricense (PJSC), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (NR), Pueblo Soberano (PPSO) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
No obstante, solo Pueblo Soberano, con la candidata Laura Fernández, apoyó expresamente la minería a cielo abierto, específicamente en Cutris, “de manera que se ofrezca una alternativa controlada frente a la extracción ilegal que actualmente daña el ecosistema, garantizando que los recursos naturales se gestionen en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad”.
Cualquier plan que incentive la minería a gran escala tendría que derogar o reformar la Ley 8904, aprobada en el 2010. Dicha norma modificó el Código de Minería para prohibir la minería metálica a cielo abierto en el país.
La legislación vigente avala la minería metálica en pequeña escala, artesanal y de subsistencia (coligallera), únicamente si es subterránea y bajo estricta regulación (contrario a lo que sucede en Crucitas).
Los permisos y concesiones solo se pueden otorgar a cooperativas de trabajadores, con prioridad para comunidades locales, y deben cumplir requisitos técnicos, ambientales y de seguridad.
En la actualidad, se tramita en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 24.717, presentado por el Poder Ejecutivo y que, en concordancia con la propuesta del chavista PPSO, busca autorizar y regular la exploración y explotación en Cutris, así como establecer subastas públicas mineras para concesionar el negocio.
El 10 de setiembre, el plan fue dictaminado en la Comisión legislativa de Alajuela por los diputados Monserrat Ruiz y José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN); José Pablo Sibaja y Olga Morera, de NR; Leslye Bojorges, del PUSC; los independientes Luis Diego Vargas y María Marta Padilla; y Jorge Antonio Rojas, del oficialismo.
Otras propuestas, como las del FA y PJSC, aprueban la minería, pero bajo regulaciones ambientales y las condiciones de la Ley 8904. Mientras, el PEN propone que empresas transnacionales, “socialmente responsables”, se encarguen de desarrollar las actividades.
Asimismo, el PIN plantea que estas ganancias financien un Fondo Soberano de Inversión Estratégica “para impulsar el desarrollo nacional con visión de largo plazo”, y el PLP apoya “concesiones controladas” en Crucitas que generen empleo formal y con un plan de recuperación ambiental.
Por su parte, el PUSC también propone una intervención en Crucitas que incluya minería subterránea formal a través de una concesión.
La propuesta de NR menciona la explotación del oro y cobre por medio de alianzas público-privadas, sin hablar sobre minería a cielo abierto.
Por su parte, la Coalición Agenda Ciudadana más bien pretende garantizar el cumplimiento de la Ley 8904, además de reforzar la regulación de la minería artesanal con mercurio. Para el caso de Crucitas, propone un Polo de Desarrollo Local con participación comunitaria, institucional y privada.
Entretanto, el PLN pretende digitalizar activos ambientales “que permitan generar títulos valores transables en mercados nacionales e internacionales y compensar económicamente la no extracción de oro”.
El Partido de la Clase Trabajadora (PT) expone en el plan de gobierno su oposición a los intentos por reactivar la minería a cielo abierto.
En cambio, el Centro Democrático y Social (CDS) no muestra apoyo ni rechazo, sino que plantea que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) presente un “plan de intervención” en Crucitas.
Explotación petrolera solo apoyada por tres partidos
Solo tres de las 20 agrupaciones que participan en la contienda presidencial muestran respaldo a la explotación de petróleo y gas natural: PIN, NR y Unidos Podemos (UP).
El PIN propone una exploración técnica de hidrocarburos “en yacimientos previamente identificados”, siempre y cuando esté sustentada en estudios de impacto ambiental.
Al igual que con la minería, NR aboga por alianzas público-privadas para la explotación de petróleo y gas natural, mientras que UP impulsaría estudios “modernos y rigurosos” para encontrar yacimientos de hidrocarburos.
Por su parte, el PLP se opone a la explotación de petróleo, pero sí apoya la de gas natural, siempre que se demuestre que no hay daño ambiental.
Mientras, los programas de los partidos Nueva Generación (PNG) y PUSC coinciden en que el país debería importar el gas natural.
En contraste, cuatro programas de gobierno se expresan en contra de cualquier explotación de hidrocarburos. Estos pertenecen a Agenda Ciudadana, FA, PEN y PJSC.
De ellas, las dos primeras agrupaciones también expresan respaldo a leyes que prohíban cualquier exploración de este tipo en Costa Rica.
La explotación petrolera también está prohibida en Costa Rica, aunque no por ley, sino por una moratoria declarada por primera vez en el 2002, por el entonces mandatario Abel Pacheco.
Luego, fue prorrogada por los presidentes Laura Chinchilla, en el 2011; Luis Guillermo Solís, en 2014; y Carlos Alvarado, en el 2021.
Antes de que venciera la moratoria anterior, Alvarado la extendió hasta el 31 de diciembre del 2050.
Además, Costa Rica se adhirió en el 2016 al Acuerdo de París. Se trata de un convenio incluido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para mitigar emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Un tratado internacional está por encima tanto de leyes nacionales como decretos ejecutivos, conforme el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública.
Aunque el decreto de Alvarado no ha sido derogado, el 4 de octubre del 2023, el presidente Rodrigo Chaves informó de que había pedido ayuda a Noruega para realizar estudios no intrusivos que permitan conocer el tamaño de las reservas nacionales de hidrocarburos y gas natural.
Noruega, sin embargo, declinó ayudar a Costa Rica, tal y como comunicó a inicios de abril del 2024.
Por su parte, los programas de cinco partidos no mencionan de forma expresa propuestas sobre minería ni explotación petrolera: Aquí Costa Rica Manda (ACRM), Alianza Costa Rica Primero (CR1), Avanza (PA), Esperanza y Libertad (PEL), Progreso Social Democrático (PPSD) y Unión Costarricense Democrática (PUCD).
Alejandro Molina, investigador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica (OPNA-UCR), indicó que las propuestas de explotación petrolera no son “nada extraño” en campañas presidenciales, a pesar de que la tendencia mundial es a sustituir los combustibles fósiles.
“En dado caso, (los candidatos) pueden buscar el interés de congraciarse con determinados grupos y capitales extranjeros interesados en este tipo de actividades”, aseveró.
No obstante, Molina advirtió de que estas iniciativas podrían afectar la imagen internacional del país.
“Sobre todo porque Costa Rica ha apostado a la parte ambiental y a generar un modelo de desarrollo basado en actividades económicas que no necesariamente forman parte de este extractivismo”, señaló.
