EscucharLa Dirección Financiera Contable de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expuso a la Junta Directiva y a las gerencias de la institución los sobreprecios detectados en las ofertas para adjudicar la administración de 138 Ebáis a cuatro cooperativas y una asociación médica. La exposición del informe técnico se realizó en un taller un mes antes de que los directivos adjudicaran los contratos. No obstante, el contenido de la sesión no fue grabado por disposición de la entonces presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez.
Así lo relató Andrey Sánchez Duarte, director financiero de la CCSS, al Ministerio Público. La descripción de los hechos consta en la orden de allanamiento que el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública giró contra Marta Esquivel, el 18 de setiembre del 2024, en el marco de las investigaciones por el Caso Barrenador.
Sánchez indicó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción que Marta Esquivel convocó el 4 de junio del 2024 a un taller denominado “Tema Cooperativas”, en el que participaron miembros de la Junta Directiva, así como representantes de las gerencias Médica, Financiera, Logística y Legal.
Durante la sesión, el director financiero Andrey Sánchez expuso los resultados y “se atendieron las diferentes consultas formuladas por los miembros de la Junta Directiva”, menciona el documento.
Marta Esquivel no autorizó grabación
Este martes, el director financiero confirmó la celebración del taller durante una audiencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la CCSS. Uno de estos casos son los presuntos sobrecostos en la contratación de los Ebáis, cuyo perjuicio se estima en ¢12.400 millones anuales.
“En realidad, sí se realizó un taller. Se hizo para atender algunas consultas de los directivos y conocer el estudio más en detalle”, contestó el funcionario ante una consulta de Andrea Álvarez, presidenta del foro legislativo.
La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) preguntó al director financiero si la discusión fue grabada o si su contenido estaba registrado en un acta. Sin embargo, Sánchez aclaró que no eran responsables de “llevar el control de eso” y que la duda debía dirigirse a la Secretaría de la Junta Directiva.
No obstante, en la orden de allanamiento, el funcionario detalló que Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, solicitó que se grabara el taller, pero que Marta Esquivel no lo autorizó, bajo el alegato de que se trataba de una actividad informal.
En su declaración al Ministerio Público, Sánchez también resaltó la importancia de esta actividad. “Esta fue la única oportunidad en que la Dirección Financiera pudo exponer los resultados del análisis de razonabilidad de costos y su fundamentación sobre la determinación de ‘excesivo’, ya que durante las sesiones de Junta Directiva nunca se autorizó”, explicó.
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Director financiero respaldó existencia de sobreprecios
Sánchez asumió la Dirección Financiera el 10 de abril de 2024. Indicó que, para ese momento, ya se habían emitido los criterios financieros de razonabilidad de precios de la contratación, pero recibió una solicitud del gerente financiero, para que hiciera una revisión de todos los antecedentes del proceso y los resultados del estudio.
“Una vez que terminé de revisar el criterio técnico y sus antecedentes, se presentó, por parte de este servidor ante la Junta de Adquisiciones, una propuesta de declaratoria de excesividad de los precios (...)” , declaró.
Pese a las advertencias de sobreprecios del equipo técnico, un mes después del taller, el 6 de julio, la Junta Directiva adjudicó la administración de los Ebáis y diez áreas de salud, por un plazo de diez años. Los oferentes adjudicados fueron las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
La votación unánime y en firme se produjo luego de escuchar un informe alternativo presentado por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, directora de Proyección de Servicios de Salud de la Caja.
La Fiscalía preguntó a Sánchez cuál es el departamento competente para emitir criterios de razonabilidad de costos. El funcionario respondió que es la Dirección Financiera Contable a través del Área de Contabilidad de Costos.
Al consultarle la Fiscalía si en el informe de Gutiérrez se contempló el estudio de razonabilidad de precios, Sánchez contesto que no. “El documento elevado por la Dirección de Proyección constituye un insumo que no está relacionado con un estudio de razonabilidad de precios”, dijo.
“Además, dicha unidad no es la competente para la emisión de este tipo de estudios, el cual inicialmente se había solicitado para un equipo intergerencial y fue firmado de forma unilateral por la ingeniera Gutiérrez”, continuó.
Así se tramitó informe que avaló contratación
El 22 de junio, la Junta Directiva acordó conformar un equipo técnico, al que encargó analizar si se disponía de los elementos necesarios para presentar una propuesta robusta sobre los escenarios de adjudicación total o parcial. A este grupo se le dio un plazo de 15 días para rendir sus conclusiones.
En seguimiento a este acuerdo, Marta Esquivel conformó el equipo que estuvo compuesto por Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Costos; Arturo Herrera Barquero, asesor de la Gerencia Médica; María de los Ángeles Gutiérrez, directora de Proyección de Servicios de Salud; Gilberth Alfaro Morales, director jurídico; Adriana Chaves Díaz, directora de Bienes y Aprovisionamiento, y dos asesores de la presidencia ejecutiva.
“Del 22 de junio al 1.° de julio, se realizaron dos o tres sesiones entre ese equipo de trabajo, sin que hubiera una participación activa del Área de Costos, debido a que la construcción del criterio la estaba realizando únicamente la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, representada por María de los Ángeles Gutiérrez con el asesor de la Gerencia Médica Arturo Herrera”, aseguró Sánchez.
El 3 de julio, Gutiérrez remitió a la Junta Directiva el informe que este órgano ordenó y su contenido fue conocido un día después, el 4 de julio, fecha en la que se habría acordado “actualizar los elementos de la compra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, de acuerdo con el director financiero.
Sin embargo, Sánchez dijo que uno de los gerentes le informó que, durante la sesión, “se realizó un receso donde se le señaló a la Junta Directiva que ese criterio no aportaba una recomendación concreta en el marco de la licitación mayor, que diera elementos adicionales a los estudios previamente realizados en torno a esta compra”.
El 5 de julio, Gutiérrez envió a la Junta Directiva el oficio GM-DTSS-0331-2024, por medio del cual presentó directamente su recomendación de adjudicar la totalidad de las partidas de la licitación.
Por este caso son investigadas Marta Esquivel y María de los Ángeles Gutiérrez. También, están imputados Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, María Isabel Camareno Camareno; y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.
