EscucharLos diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos aprobaron, este jueves, convocar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y al primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, para que se refieran a la compra de una póliza de responsabilidad civil para 65 funcionarios del gobierno.
Acosta gestionó la contratación de una póliza con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para proteger al mandatario, vicepresidentes, ministros y viceministros, en caso de que enfrenten litigios o sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios públicos.
Los diputados también aprobaron citar a la presidenta del INS, Gabriela Chacón Fernández, y al procurador general de la República, Iván Vincenti, para que se refieran al tema.
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Las convocatorias fueron aprobadas por los seis partidos representados en el Congreso: Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA), Liberal Progresista (PLP) y el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD). Las comparecencias deberán ser agendadas por la comisión.
Financiada con fondos públicos, esta póliza permitirá a los jerarcas cubrir pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y gastos para proteger su reputación, así como asesorías de relaciones públicas.
Además, cubre sanciones impuestas por violaciones ambientales y costos relacionados con procesos de extradición.
La compra del aseguramiento generó críticas en la oposición. Diputados señalaron que la póliza busca promover la impunidad y la consideraron vulgar y obscena. “Esto carece de justificación legal a la luz de las normas y principios de la contratación administrativa”, aseguró la diputada liberacionista Monserrat Ruiz.
El pasado lunes, el ministro Acosta dijo que la contratación fue frenada con el propósito de enviar una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la legalidad de utilizar fondos públicos. El anuncio lo hizo en compañía del vicepresidente Brunner y la jerarca del INS.
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El funcionario defendió la contratación y aseguró que es legal. Sostuvo que ya existen casos de funcionarios que tienen pólizas pagadas por el Estado y alegó que contar con este tipo de cobertura es necesario para que los jerarcas puedan tomar decisiones con tranquilidad.
El artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece que un servidor público es personalmente responsable ante terceros si actúa con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.
Aunque el artículo 201 señala que la Administración es solidariamente responsable por los daños, el Estado tiene la obligación de recuperar de los funcionarios el monto pagado, junto con los daños y perjuicios ocasionados.
