Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, una reforma a la Ley General de Polícia para crear por vía legal una póliza que cubra los gastos legales de los funcionarios de los cuerpos policiales que sean denunciados o demandados por actos cometidos en el ejercicio del cargo.
La iniciativa recibió la aprobación de forma unánime por los 51 congresistas que estaban presentes en el plenario en el momento de la votación.
El nuevo inciso establece, como un derecho de los oficiales de las fuerzas de policía, una póliza que cubra tanto la responsabilidad patrimonial en vía contencioso administrativa, civil o penal, así como los gastos de representación legal en dichas instancias, cuando resulten imputados o demandados como consecuencia del ejercicio directo de sus funciones policiales propiamente dichas.
La póliza tendrá un límite de hasta 50 salarios base, es decir, ¢23,11 millones para la responsabilidad patrimonial, así como ¢11,5 millones para los gastos de representación legal.
Dicha póliza se podrá utilizar exclusivamente en denuncias relacionadas con acciones u omisiones propias de la actuación policial que impliquen una intervención directa frente al administrado o sus bienes.
“Se excluirán de la protección de la póliza aquellos casos en los que el funcionario policial haya actuado bajo los efectos del alcohol o una droga ilícita, o se haya apartado de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales, y su conducta sea evidentemente contraria al ordenamiento jurídico, o bien cometan actos relacionados con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada”, dice la iniciativa legal aprobada.
