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La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre una serie de trabas que dificultarían el acceso de los migrantes deportados desde Estados Unidos, por la administración de Donald Trump, al procedimiento de regularización temporal implementado por el gobierno de Rodrigo Chaves, tras el fracaso de su plan para repatriarlos a sus países de origen.
Consultada por La Nación, la institución manifestó su preocupación por el pago requerido a los migrantes para acceder al permiso temporal de permanencia en el país, con una vigencia inicial de tres meses prorrogables, así como por la restricción que les impide trabajar durante ese tiempo. Asimismo, criticó la falta de definiciones claras sobre las condiciones bajo las cuales los extranjeros pueden ingresar o salir del Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en Paso Canoas, próximo a la frontera con Panamá.
“A pesar de que el Estado costarricense está autorizando a estas personas una categoría especial por razones de humanidad, persiste el cobro de $55 para efectos del proceso de documentación que, en caso de que no se cuente con el apoyo total de algún organismo internacional u organización de la sociedad civil, no podrá ser costeado por las personas migrantes deportadas”, indicó la Defensoría de los Habitantes.
En el Catem se mantienen 85 extranjeros provenientes de África, Asia y Europa, que no desean regresar a sus países ni permanecer en Costa Rica. Este grupo corresponde al remanente de los 200 migrantes que arribaron al país bajo un acuerdo entre los gobiernos de Chaves y Trump.
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Críticas a resolución del gobierno
Una resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), publicada el pasado 21 de marzo en el diario oficial La Gaceta, establece una serie de condiciones para obtener el permiso temporal, entre ellos el pago de dos importes que en conjunto suman $55.
El documento también ordena que las personas beneficiarias tendrán una condición laboral restringida, por lo que no podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia, “salvo que cumpla con lo que al efecto establece la legislación migratoria para efectos de obtener una categoría migratoria que así lo permita”.
La institución liderada por la defensora Angie Cruickshank, estimó que una limitación de este tipo dificultará el proceso de integración de los extranjeros, a la dinámica social costarricense, así como la posibilidad de cambiar de categoría migratoria, una vez que venza el plazo de los tres meses.
“Es importante señalar que, incluso, podría caber una sanción o la cancelación de la condición por razones de humanidad, en caso de que la persona incumpla las condiciones de la resolución, por ejemplo, en caso de que sea detectada laborando sin autorización”, manifestó la Defensoría.
Al finalizar el plazo de los tres meses, las personas tendrán que abandonar el país o iniciar un proceso de regularización conforme a la normativa ordinaria.
La Defensoría también señaló la falta de claridad sobre si se mantendrán las restricciones para ingresar y salir del Catem, o si los migrantes solo podrán hacerlo con autorizaciones puntuales para gestiones específicas, y bajo la condición de hacerlo en vehículos y acompañados por la Policía Profesional de Migración.
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La institución subrayó que la resolución únicamente contempla medidas migratorias para las personas deportadas desde Estados Unidos, omitiendo un plan interinstitucional que garantice un enfoque integral para atender sus necesidades, incluidas aquellas de los menores de edad, tales como el acceso a servicios de salud y educación.
La Defensoría destacó como elemento positivo de la resolución que el Estado costarricense permita que esta personas permanezcan en el Catem para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.
¿Canadá como alternativa?
Omer Badilla Toledo, director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía, explicó a La Nación que el procedimiento especial se dispuso para evitar que los migrantes se sientan presionados en el Catem y que tengan posibilidad de aplicar para alguno de los estatus migratorios que ofrece el marco legal costarricense, como la condición de refugio, o por si cambian de opinión para retornar voluntariamente a sus países.
Otra de las alternativas que valora el gobierno, ante el fracaso del plan para repatriar la totalidad de los migrantes deportados, es que Canadá reciba a una parte de los extranjeros.
Para ello, en los próximos días se efectuará una reunión con autoridades canadienses para discutir la posibilidad de acoger a parte del grupo varado en el Catem, luego de que los propios migrantes expresaran su interés en ser trasladados al país del norte, según indicó Badilla.
“Curiosamente, solo han indicado Canadá. No han dicho otro país, porque si dijeran otro país, eso nos obligaría a nosotros a buscar los contactos para preguntarle a ese país si los desea acoger”, mencionó.
