Escuchar
Costa Rica propuso a Canadá recibir a algunos migrantes deportados desde Estados Unidos por la administración de Donald Trump, luego de que fracasaran los intentos del gobierno de Rodrigo Chaves Robles por repatriar a los extranjeros a sus países de origen. Las gestiones fueron confirmadas por Omer Badilla Toledo, director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía.
El jerarca declaró al New York Times que el gobierno busca la colaboración de otros países, entre ellos Canadá, para recibir a parte del grupo de 85 extranjeros provenientes de África, Asia y Europa, que no desean regresar a sus países ni permanecer en Costa Rica.
Sin embargo, al ser consultado por La Nación, el viceministro aclaró que, hasta el momento, solamente se han hecho acercamientos con Canadá, ya que este es el único destino —además de Estados Unidos— que los migrantes han manifestado como opción para movilizarse.
“Curiosamente, solo han indicado Canadá. No han dicho otro país, porque si dijeran otro país, eso nos obligaría a nosotros a buscar los contactos para preguntarle a ese país si los desean acoger”, mencionó.
LEA MÁS: Rodrigo Chaves sobre repatriación de migrantes: ‘Le estamos ayudando al hermano poderoso del norte’
Badilla señaló que en los próximos días se concretará un acercamiento con el gobierno canadiense para exponer la situación. No obstante, afirmó que se les ha dejado claro a los migrantes interesados que su eventual traslado al país del norte depende por completo de que Canadá otorgue su consentimiento.
“De modo que, si Canadá nos dice —un ejemplo hipotético— ‘sí, aceptamos a tantos migrantes’, pues nosotros hacemos toda la logística para trasladarlos. Pero estamos justamente en este proceso, porque no ha sido fácil tener este acercamiento con Canadá. Ya, dichosamente, en los próximos días vamos a conversar con ellos y ver cuál es la respuesta que tienen”, explicó el jerarca.
Para cubrir los costos de los traslados, se buscaría apoyo de las agencias de Naciones Unidas (ONU), aseguró Badilla.
Estatus temporal
El envío de los migrantes a un tercer destino es una de las alternativas que baraja la administración Chaves Robles, luego de que fracasara su plan de repatriar voluntariamente a la totalidad de los 200 migrantes que aceptó recibir de Estados Unidos. De este grupo, 85 permanecen retenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), ubicado en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
En el centro se encuentran 31 menores de edad y 54 adultos deportados por Estados Unidos. La mayoría de las personas provienen de Rusia, Armenia, Turquía y Uzbekistán.
Línea de tiempo
-17 de febrero: Mauricio Claver-Carone, enviado especial para América Latina del Gobierno de los Estados Unidos, envía una nota en la que comunica la deportación a Costa Rica de hasta 200 personas de diversas nacionalidades, a partir del 19 de febrero.
-Ese mismo día, el Gobierno de Costa Rica anuncia que colaborará con Estados Unidos en la repatriación de los migrantes a sus países de origen.
-18 de febrero: La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) emite una resolución que autoriza la permanencia de los migrantes en Costa Rica por 30 días naturales, prorrogables.
-19 de febrero: Llega el primer vuelo a Costa Rica, con 135 migrantes originarios de Asia Central, África y Europa.
-Ese mismo día, el presidente Rodrigo Chaves afirma desde Buenos Aires de Puntarenas que, con la recepción de los migrantes, “estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friegan, –que no creo que lo vayan a hacer– y además amor con amor se paga. 200 (migrantes) vienen, los tratamos bien y se van”.
-21 de febrero: La Defensoría de los Habitantes denuncia que Costa Rica incurrió en fallas en el abordaje de los 135 migrantes. Con base en una inspección efectuada tras el aterrizaje, la entidad concluyó que los niños fueron víctimas de un trato injusto, afectados por hambre y sueño.
-25 de febrero: Arriba el segundo vuelo proveniente de Estados Unidos, con 65 personas a bordo, con lo que Costa Rica completa la recepción de los 200 migrantes que se comprometió albergar.
-4 de marzo: El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) denuncia que los 200 migrantes sufren una privación de libertad de facto al no poder salir del Catem.
-13 de marzo: El ministro de Seguridad, Mario Zamora, niega ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa cualquier violación a los derechos humanos de los migrantes.
-19 de marzo: Mauricio Herrera, exministro de Comunicación del gobierno de Luis Guillermo Solís, presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la DGME y Omer Badilla, por la detención de los migrantes en el Catem.
-Ese mismo día, la organización Human Rights Watch acusó al Gobierno de Costa Rica de ser cómplice de los abusos cometidos por la administración del estadounidense Donald Trump en contra de los migrantes deportados.
-Ese mismo día, el canciller de la República, Arnoldo André, negó ante el plenario de la Asamblea Legislativa que se hubieran violentado los derechos humanos de las personas deportadas por el gobierno de Donald Trump a Costa Rica.
-24 de marzo: La Sala Constitucional admite para estudio un recurso de habeas corpus contra la DGME y Omer Badilla, interpuesto por una persona de apellido Segura Picado, quien alega que los migrantes, incluidos menores de edad, están privados de libertad de facto, sin una base legal que justifique la restricción de su tránsito
-31 de marzo: La DGME comunica que seis migrantes escaparon del Catem.
-18 de abril: Un grupo de abogados defensores de los derechos de las personas migrantes denuncia al Estado costarricense de haber violado los derechos de niños entre los 2 y 10 años deportados, al mantenerlos detenidos durante casi dos meses en condiciones que podrían causarles daños irreparables. El caso fue planteado ante el comité de Naciones Unidas (ONU) que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
-21 de abril: La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) emite una resolución que establece un procedimiento especial para normalizar temporalmente la situación migratoria de los migrantes, por un periodo de tres meses.
