Marta Acosta, contralora general de la República, explicó que la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es impagable a corto plazo, pero subrayó la importancia de encontrar soluciones para evitar que la morosidad continúe creciendo, principalmente en los programas enfocados en la atención de personas en pobreza y menores de edad.
“Al día de hoy, si usted me dice ‘gobierno pague’, no puede; eso es inviable, pero hay que aplanar esa curva”, declaró la jerarca durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa. Acosta detalló que, entre el 2008 y el 2023, la deuda con el Seguro de Salud aumentó significativamente, al pasar de representar el 1,1% del producto interno bruto (PIB) al 6,3%.
“Este crecimiento sostenido, evidencia un desbalance estructural en los pagos y cobros, con una morosidad estatal que compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud”, advirtió la contralora a principios de enero ante la comisión legislativa que investiga presuntas irregularidades en la CCSS.
“El ritmo de los pagos no ha sido suficiente para contener el incremento de la deuda, lo que genera una presión adicional sobre los recursos de la CCSS”, agregó. Para octubre del 2024, las estimaciones indicaban que el saldo adeudado por el Estado era de ¢3,4 billones. En 2008, el monto era de ¢348.000 millones.
Acosta reiteró a los diputados que, para garantizar la sostenibilidad financiera del modelo solidario y universal, es necesario hacer cambios estructurales al modelo de financiamiento de la CCSS. “No lo vamos a arreglar con acuerdos o convenios para determinar montos, porque hay que ir al fondo del asunto, a las causas y corregir”, agregó.
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La magnitud de la deuda tiene otros efectos importantes para el país, según la jerarca. Por ejemplo, limita la capacidad de invertir en temas de infraestructura, tecnología y mejora de los servicios. Además, pone en riesgo la estabilidad del modelo solidario y universal, que caracteriza al sistema de salud costarricense.
Acosta expresó particular preocupación por la falta de financiamiento para el modelo subsidiado del seguro social; este es el que beneficia a la población en pobreza extrema, pobreza y a la niñez. La contralora señaló que estos programas enfrentan “un preocupante aumento sostenido en la morosidad estatal”.
La CCSS no ha recibido recursos sobre las facturas emitidas en el periodo 2020-2023 de programas solidarios como el de Asegurados por Cuenta del Estado (ACE), cuyo monto asciende a ¢437.430 millones. Así lo expuso la Contraloría en un informe de auditoría, publicado el pasado 12 de diciembre, sobre el proceso de cobro que realiza la institución de seguridad social.
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En el caso de los servicios que la CCSS debe brindar a personas menores de edad, según lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, la morosidad es del 89,58%.
Contralora señala posibles escenarios
La contralora también expuso una serie de escenarios proyectados, que “evidencian la necesidad urgente de tomar medidas correctivas.
En un primer escenario, en el que no se tomen acciones significativas, la deuda podría alcanzar el 14,5% del PIB en el año 2040. “Esto generaría una presión insostenible, realmente insostenible para las finanzas públicas y limitaría la capacidad del Estado para atender otras prioridades urgentes”, alertó Acosta.
En caso de que se tomen ajustes financieros y compromisos graduales de pago, la deuda podría estabilizarse en torno al 12,9% del PIB en 20 años, incluso en un 11,7% en 10 años.
La comisión legislativa se creó para investigar presuntas anomalías relacionadas con las listas de espera, la deuda del Estado con la institución y un aparente sobreprecio en la contratación de cooperativas para administrar 138 Ebáis, el cual también es objeto de una investigación llamada Caso Barrenador.
