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La contralora general, Marta Acosta, negó este miércoles en el Congreso que la Contraloría General de la República (CGR) haya incurrido en coadministración en casos relacionados con el acueducto municipal de Alajuelita, el cálculo de tarifas eléctricas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la asignación de concesiones por parte del Consejo de Transporte Público (CTP).
En respuesta a señalamientos de la diputada oficialista Paola Nájera, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la contralora aclaró que la institución no participó en el diseño del acueducto, en los procedimientos para establecer tarifa ni el otorgamiento de concesiones.
Acosta señaló que, en el caso del Alajuelita, el órgano fiscalizador evaluó si la gestión del alcantarillado pluvial cumplía con los estándares de servicio exigidos (informe DFOE-LOC-IAD-00007).
Según los resultados de la auditoría, no había objetivos de planificación ni a mediano ni a corto plazo.
La Contraloría señaló que la Municipalidad carece de la información necesaria sobre infraestructura, capacidad, cobertura y zonas de riesgo, lo que limita las acciones para abordar las necesidades del cantón.
A raíz de esto, la Contraloría pidió a la Municipalidad actualizar el manual de funciones, establecer un procedimiento para la gestión del alcantarillado pluvial y realizar un diagnóstico exhaustivo de la red pluvial.
Casos de Aresep y CTP
En cuanto al cálculo de tarifas eléctricas, la contralora Marta Acosta señaló “la Contraloría tampoco le indicó a la Aresep cómo elaborar tarifas” y que el caso culminó en un juicio contencioso en el que se le dio la razón a la Contraloría, “porque nunca invadió las competencias de la Aresep”.
Según la Contraloría, lo que ocurrió fue que se identificaron debilidades en la información utilizada por la Aresep para fijar tarifas. El Tribula Contencioso Administrativo concluyó que la CGR ejerció el control de la legalidad en la fijación de tarifas, sin sustituir a la administración activa.
Finalmente, respecto al otorgamiento de concesiones de autobuses y taxis por parte del Consejo de Transporte Público, Acosta afirmó que la Contraloría nunca emitió directrices sobre las concesiones. Las auditorías realizadas en 2018 y 2023 evaluaron la transparencia y el control del proceso de concesión, revelando deficiencias en la gestión y supervisión de las mismas.
Sin embargo, la contralora sostuvo que no se emitieron disposiciones específicas sobre cómo otorgar las concesiones.
Contraloría desmiente otros casos de supuesta ‘coadministración’
Un documento divulgado por la Contraloría este miércoles aborda cuatro señalamientos en los que se le acusa de supuesta intervención en instituciones estatales o municipalidades, los cuales fueron desmentidos.
El primer señalamiento afirma que la Contraloría ordenó al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030. La CGR refuta esta afirmación, precisando que no se emitieron órdenes para impulsar dicha agenda.
Según la normativa técnica, esta responsabilidad corresponde al Poder Ejecutivo, y en auditorías sobre la gobernanza de la agenda, se identificaron debilidades en la implementación y coordinación, pero sin ordenar acciones específicas para impulsar la agenda.
Asimismo, la Contraloría demintió haber ordenado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) enviar un informe a la Aresep sobre un aumento en las tarifas, indicando que dicho documento nunca fue emitido.
El órgano fiscalizador también calificó como impreciso el señalamiento de que se ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) elaborar una política educativa. La Contraloría aclaró que esta es una responsabilidad del MEP, y en ese contexto, solicitó al MEP cumplir con su obligación legal, solicitud que fue aceptada y reconocida por el propio MEP.
“Por lo tanto, la actuación de la CGR enmarca estrictamente en su rol de fiscalización externa y no constituye en ningún caso una coadministración”, concluye el documento.
Por último, la Contraloría asegura que es falso afirmar que ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) un ordenamiento estratégico, ya que no existe ningún documento que respalde tal afirmación.
