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Con la convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a los comicios del 2026, los partidos políticos entraron de lleno en la etapa de planificación financiera. Entre bonos, créditos bancarios y donaciones privadas, las agrupaciones buscan definir cómo costear una campaña que se anticipa marcada por la incertidumbre y la volatilidad del electorado.
El sistema de financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica es mixto, ya que combina recursos públicos y privados. Por un lado, el Estado destina una parte del presupuesto nacional para cubrir los gastos de las agrupaciones. Por otro, los partidos pueden recibir aportes privados —como donaciones o créditos— dentro de los límites y controles que impone la normativa electoral.
Para las elecciones del 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fijó en ¢39.292 millones el monto total de la contribución estatal que se repartirá entre las agrupaciones participantes.
Sin embargo, este financiamiento público funciona bajo un esquema de reembolso, ya que el Estado reconoce los gastos de campaña, una vez concluidas las elecciones, a los partidos que superen el umbral del 4% de votos válidamente emitidos o logren elegir al menos un diputado.
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“Esa es una debilidad de nuestro sistema de financiamiento”, declaró a La Nación el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos del TSE, Ronald Chacón.
“Porque en el momento en que los partidos políticos más están ocupando el dinero, para alquilar locales, contratar signos externos, pagar publicidad en medios o en Internet, que es un gasto realmente cuantioso, no tienen financiamiento público, excepto la posibilidad de optar por el financiamiento anticipado”, agregó.
Limitaciones del financiamiento público
El monto presupuestado por el Estado para la campaña electoral del 2026 supera los recursos asignados para los cinco comicios previos, aun con el recorte aprobado por la Asamblea Legislativa en enero, por ¢39.174 millones.
Los diputados incluyeron un transitorio al Código Electoral que fijó el aporte público en 0,11% del producto interno bruto (PIB), en lugar del 0,19% que establece la Constitución Política.
Si bien el artículo 96 de la Carta Magna establece un porcentaje concreto, la norma también habilita su reducción, si así se define por ley.
En cuanto al financiamiento anticipado, el monto disponible asciende a ¢5.893 millones. No obstante, para poder acceder a estos recursos, los partidos políticos deben presentar una garantía líquida por el equivalente al monto que soliciten.
Chacón añadió que estos fondos han sido conceptualizados por el TSE en su jurisprudencia como un préstamo.
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“Si usted quiere ¢230 millones, por ejemplo, tiene que venirme con un certificado de depósito a plazo, con un bono de cumplimiento o con algún otro bono de garantía, por el equivalente a ¢235 millones”, explicó el funcionario.
La imposibilidad de cumplir con esta condición explica por qué en las elecciones nacionales del 2022 ninguna agrupación optó por el financiamiento adelantado. Hasta el pasado 23 de octubre, el TSE no había recibido solicitud alguna sobre estos fondos para esta campaña.
Alternativas privadas
Bajo este escenario, el financiamiento privado se convierte en la opción más accesible para las agrupaciones inscritas en la contienda. Si bien existe un abanico amplio de posibilidades, Chacón afirma que las figuras que más usan los partidos son los fideicomisos, los préstamos y las donaciones.
Sin embargo, con el financiamiento privado hay otra variable que entra en juego y provoca que los partidos políticos no cuenten con una base uniforme, que les permita salir en condiciones equitativas a buscar recursos.
“Como este tipo de instrumentos financieros llevan implícitos un riesgo, es usual que el inversionista que está interesado en adquirirlos, aquel banco que está interesado en prestar recursos a un partido político o aquel medio de comunicación que esté dispuesto a recibir certificados de cesión de deuda como pago, le den prevalencia a aquellos partidos políticos que aparecen mejor situados en las encuestas”, explicó Ronald Chacón.
Por ejemplo, en el caso de los certificados de cesión o bonos de deuda política, quien decida invertir en esta fuente de financiamiento asume el riesgo de no recibir nada, al finalizar la campaña electoral.
Hasta el 23 de octubre, el TSE registraba gestiones de 14 partidos para la emisión de certificados de cesión por un monto total de ¢34.902 millones. De ellos, cinco ya habían recibido la autorización correspondiente, ocho fueron prevenidos por presentar información incompleta y uno estaba a la espera de la resolución.
El jefe de financiamiento de partidos políticos advirtió: “Si usted dio un servicio como persona física y le pagaron con un certificado de cesión, la deuda quedó extinguida”, sin importar el monto que se haya pretendido cobrar y si al final el documento se queda como un simple papel, sin valor alguno.
La situación cambia cuando se trata de préstamos con entidades financieras. En esos casos, sí queda la cuenta por pagar a nombre del partido, porque lo común es que el certificado de cesión no se utilice como medio de pago, sino como garantía.
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Criptomonedas
Los sistemas de financiamiento privado también se han ido adecuando a las prácticas de la población y los desarrollos tecnológicos. Ese es el caso de las donaciones económicas por medio de Sinpe Móvil o las de especie, a través de criptomonedas.
En el caso del Sinpe, esta modalidad está permitida desde el año 2020, mientras que para las criptomonedas, el TSE emitió una serie de regulaciones para el proceso electoral del 2026, al tiempo que creó una unidad especializada en estos activos tecnológicos.
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La tesorería respectiva del partido es la responsable de determinar el valor de las criptomonedas recibidas, siguiendo estándares razonables de mercado y las pautas que establezca el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Evitar el ingreso de fondos ilícitos
El TSE recordó a las agrupaciones políticas que la primera responsabilidad en la vigilancia del financiamiento electoral recae sobre ellas mismas. Así lo enfatizó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, al señalar que existe una idea equivocada sobre el papel de ese órgano en el control del dinero privado que ingresa a las campañas.
“Nos parece que ha habido una suerte de percepción de que el encargado de evitar en primera instancia el ingreso de financiamiento privado eventualmente irregular a una contienda electoral es el Tribunal Supremo de Elecciones”, afirmó Chacón. “Y creo que es importante recordar a la ciudadanía que la puerta de entrada de todo tipo de recurso a un partido político es el partido político. En esto debemos ser categóricos”.
El funcionario insistió en que son las agrupaciones las que deben establecer los mecanismos internos para garantizar la legalidad y transparencia de los fondos que manejan, tal como lo dispone el artículo 52 del Código Electoral.
“La primera línea de contención de ingresos lícitos o ilícitos, ese primer filtro del origen de los recursos que ingresan a una agrupación política, es el mismo partido político”, reafirmó.
Chacón advirtió, además, de que sería “incorrecto normalizar” la recepción de aportes de procedencia dudosa o desconocida, pues esa práctica compromete la integridad del proceso electoral.
