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Los diputados que sí asistieron este martes a la sesión de plenario, convocada para definir si se procedía con una amonestación ética pública contra el legislador evangélico Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual, arremetieron contra el oficialismo y sus aliados, por ausentarse e impedir la conformación del cuórum.
La sesión no pudo desarrollarse porque solo asistieron 35 de los 38 diputados necesarios para integrar el cuórum del plenario legislativo. No obstante, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, permitió que los parlamentarios se expresaran desde sus curules.
El primer punto de la agenda era el conocimiento de los tres informes que elaboró la comisión especial parlamentaria que analizó la denuncia presentada por la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa, contra Alvarado, por presunto abuso sexual.
Dos de los documentos recomendaban imponer la sanción contra el diputado evangélico, mientras que un tercero, firmado por la Olga Morera, compañera de bancada de Alvarado, y el oficialista Waldo Agüero, planteó archivar el caso sin sanción y que este continúe en la vía judicial.
Se ausentaron 22 diputados: los ocho del oficialismo; los seis fabricistas del Partido Nueva República (PNR); cuatro de la Unidad Social Cristiana (PUSC); dos de Liberación Nacional (PLN); y los independientes Leslye Bojorges y Gilberth Jiménez.
Fuertes reclamos
La diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, acusó a los ausentes de evadir el debate deliberadamente. “Tienen que esconderse, como les enseñó su señor presidente, y huir cuando no pueden enfrentar la verdad”, afirmó. Según dijo, esto responde a un intento de “seguir con la narrativa de que no se ha hecho nada” desde el primer poder de la República.
La también frenteamplista Priscilla Vindas expresó su frustración por el desenlace de la sesión. “Jamás pensé, hace cuatro años, cuando asumí esta curul, que no íbamos a poder ni siquiera tener una sesión de cierre del periodo constitucional por pura cobardía”, dijo. “Porque eso son ustedes que faltaron hoy: cobardes en sancionar algo que es tan evidente”.
Por su parte, la diputada independiente Kattia Cambronero afirmó que la ausencia envía un mensaje negativo al país. “Le dieron la espalda a las mujeres costarricenses”, reprochó.
Además, criticó directamente a Alvarado: “Un líder religioso que se rasga las vestiduras día y noche hablando de la familia, cobardemente deja este plenario para no enfrentar las acusaciones”.
Jonathan Acuña, del FA, fue aún más directo: “Que la vergüenza se quede del lado de estos descarados”. Además, cuestionó lo que calificó como “el cinismo de quienes, en nombre de acumular poder, ya sea de alianzas o de tejer estrategias politiqueras, están dispuestos a todo”.
Advertencia sobre actitudes antidemocráticas
En la misma línea, la vicepresidenta legislativa, Vanessa Castro del PUSC, advirtió sobre las implicaciones más amplias para el sistema democrático de las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, sobre su intención de controlar el Poder Judicial.
“Las señales dejan de ser aisladas y empiezan a formar un patrón. Una democracia no se quiebra de un día para otro, se va inclinando paso a paso hasta que deja de sostenerse”, señaló. Incluso, alertó sobre un proceso de “pérdida de democracia” y lanzó un mensaje a los ausentes: “Allá cada uno con la historia, allá cada uno con su conciencia”.
La frenteamplista Sofía Guillén lanzó una advertencia política: “Este pueblo se los va a cobrar, cobardes”. Además, criticó el mensaje del oficialismo: “Sí que hay ticos con corona, y son los amigos de ella. Impunidad, ese es el mensaje”.
Cuestionamiento a la coherencia
Finalmente, la diputada socialcristiana Daniela Rojas habló desde su propia experiencia y vinculó lo ocurrido con las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar.
“Las víctimas no denunciamos porque hay una población importante que nos juzga y nos señala”, expresó. También cuestionó lo que calificó como doble moral en el Congreso: “Un montón de ustedes doble morales sí votaron a favor de otra persona que también tiene una víctima”, en referencia a la reelección en 2024 del magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez, para un nuevo periodo de ocho años.
Sánchez logró mantenerse en el cargo tras una votación dividida, 25 diputados estuvieron en contra de su continuidad y otros 25 votaron a favor, pese a que sobre él pesaba una denuncia sobre aparente hostigamiento y acoso sexual, contra la jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce Meneses.
Arce denunció haber sufrido un acto obsceno no consentido de parte del magistrado, en el año 2000.
Rojas concluyó señalando que en aquel momento existió una oportunidad de enviar un mensaje claro: “Había la posibilidad de una sanción moral… muchos de los que hoy se están levantando también le fallaron a las víctimas”.
