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Las cuatro fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa presentaron este viernes una agenda conjunta que articula compromisos en democracia, seguridad, desarrollo social, economía y transparencia, con énfasis en el fortalecimiento institucional y la defensa de derechos fundamentales.
El acuerdo parte de una base política: la defensa de la democracia representativa, la independencia de poderes y la alternancia en el poder. En esa línea, las bancadas se comprometieron a impulsar el respeto a las libertades públicas —como la prensa, la manifestación pacífica y el acceso a la información—, así como a acelerar nombramientos pendientes en la Corte Suprema de Justicia, especialmente en la Sala Constitucional.
La agenda es respaldada por los diputados de las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). En total, el bloque suma 26 votos, tres menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, la cual está en control del oficialismo con sus 31 integrantes.
Seguridad como prioridad
Uno de los pilares centrales del acuerdo es el combate al crimen organizado. La oposición planteó impulsar la extinción de dominio, agilizar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales y aumentar las penas por portación ilegal de armas.
Además, propone fortalecer presupuestariamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Fuerza Pública, así como modernizar el sistema penitenciario, diferenciando el tratamiento entre delincuencia común y crimen organizado.
El acuerdo también incluye transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en un órgano de inteligencia estratégica civil, que le rinda cuentas a la Asamblea Legislativa y despojándola de su carácter político. Asimismo, se prevé promover una política integral que combine represión del delito con prevención social, mediante inversión en educación, cultura, deporte y recuperación de espacios públicos.
Educación, salud y agenda social
En el ámbito social, las fracciones abogan por una mejora integral del sistema educativo, con metas como avanzar hacia destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto de educación, recuperar aprendizajes, reducir brechas territoriales y de género, y fortalecer la carrera docente.
También plantean retomar la negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior(FEES), crear un sistema independiente de evaluación educativa y blindar los programas de equidad.
En salud, el acuerdo enfatiza la defensa y sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), definir el monto de la deuda del Estado y definir un plan de pago, la reducción de listas de espera y medidas para atender la escasez de especialistas.
Asimismo, se comprometieron a impulsar políticas de acceso a medicamentos, atención a la salud mental y fortalecimiento del sistema de pensiones.
Alivio económico y desarrollo
La agenda incorpora medidas de alivio económico, como la apuesta por reformas para facilitar el acceso al crédito y el llamado “olvido financiero”, así como la revisión de la ley de usura.
En desarrollo económico, se plantea apoyar al sector productivo, cerrar brechas entre regímenes fiscales, reformar la ley del Banco Central para incluir el empleo como uno de los objetivos de trabajo del ente y actualizar el marco de alianzas público-privadas.
Ambiente y derechos humanos
En materia ambiental, se espera fortalecer el rol de los guardaparques, dotándolos de competencias de policía ambiental, así como robustecer las capacidades institucionales en la protección de los recursos naturales.
Sobre la crisis en Crucitas, impulsan abordar de forma simultánea los impactos ambientales, la presencia del crimen organizado y las implicaciones sobre la soberanía nacional, al tiempo mantienen la prohibición de la minería a cielo abierto. Además, impulsan legislación para proteger a activistas y defensores de derechos humanos, promover el bienestar animal y actualizar el marco legal del recurso hídrico.
El acuerdo también incluye una amplia agenda de derechos humanos: combate a la violencia contra las mujeres, impulso a un sistema nacional de cuidados, protección de poblaciones vulnerables, reconocimiento de derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, y garantías para la población LGBTIQ+ y migrante.
Además, se establece como línea roja no apoyar iniciativas que impliquen retrocesos en derechos laborales o sociales.
Agro, infraestructura y movilidad
En el sector agropecuario, los ejes son la defensa y el impulso de la producción nacional, la garantía de la inocuidad de los alimentos y una mayor accesibilidad al financiamiento, junto con la creación de seguros agropecuarios accesibles. Además, se propone impulsar alternativas para garantizar la trazabilidad del ganado.
En materia de infraestructura, ofrecieron su apoyo a una cartera de proyectos prioritarios que incluye la construcción de la Terminal de Cruceros, el desarrollo de Ciudad Gobierno, el tren de carga y obras viales estratégicas como la ruta 32 y la carretera a San Carlos.
A esto se suman iniciativas como Orosí II y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Como complemento, plantean promover reformas a la ley de expropiaciones con el fin de agilizar la ejecución de obra pública y reducir los atrasos en proyectos de interés nacional.
En el eje de movilidad, el acuerdo propone avanzar hacia un sistema multimodal, accesible e inclusivo, con énfasis en la electrificación del transporte. Entre los proyectos concretos destacan el tren eléctrico de la GAM, la sectorización del transporte público y el desarrollo de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.
Transparencia y control político
En el eje institucional, la oposición propone fortalecer la lucha contra la corrupción mediante regulación del lobby, sancionar a los diputados por faltas al deber de probidad y mayor transparencia en la gestión pública, incluyendo apertura de datos y rendición de cuentas.
También plantea medidas internas para el funcionamiento legislativo, como regular ausencias, asegurar nombramientos por idoneidad y mejorar los plazos de trámite de proyectos.
Límites políticos
El acuerdo también fija límites: las fracciones no respaldarán reformas que debiliten derechos fundamentales, la independencia de poderes ni instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, el OIJ, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Asimismo, rechazarán cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo y reafirmaron su compromiso con el equilibrio institucional, la transparencia y la defensa del sistema democrático.
