EscucharLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lanzó este viernes un llamado urgente a la comunidad internacional para asegurar fondos que permitan sostener sus operaciones en Costa Rica, tras enfrentar un recorte presupuestario del 41%.
La agencia estima que necesita $40,4 millones para continuar su labor humanitaria en el país durante lo que resta de 2025.
Según Acnur, el país ya perdió un 77% de su capacidad operativa para registrar nuevos solicitantes de asilo, “lo cual ha ralentizado el acceso a la documentación que se requiere para obtener un empleo o recibir educación y atención médica”, explica un comunicado de prensa.
En vista de que el país tiene una lista de más de 222.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución, advirtió que este cuello de botella “supone una amenaza para todo el sistema de protección”.
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El pasado mes de febrero, La Nación informó que 54 profesionales costarricenses, entre relacionistas internacionales, abogados, administradores e ingenieros informáticos, fueron despedidos por Acnur, debido a los recortes del presidente estadounidense, Donald Trump, a programas dedicados a la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes.
En particular, la agencia de la ONU señaló la necesidad de contar con un sistema robusto para atender a los miles de nigaragüenses que constantemente cruzan la frontera con Costa Rica en busca de protección.
El comunicado afirma que para marzo de 2025, Costa Rica dio acogida a más de 194.000 personas provenientes de Nicaragua que solicitaban asilo y a 9.216 refugiados registrados que provienen de ese mismo país.
“Estas cifras representan más de la mitad de toda las personas nicaragüenses desplazadas en todo el mundo.
“Las personas refugiadas y solicitantes de asilo de Nicaragua componen casi un 4% de la población costarricense, de 5,1 millones de habitantes. Del total de personas refugiadas y solicitantes de asilo en Costa Rica, los nicaragüenses son el 83%”, destaca la nota de prensa.
De acuerdo con la agencia de noticias AFP, Estados Unidos es el principal donante de Acnur: representa más del 40% del total de las contribuciones recibidas.
Migración se pronuncia
Omer Badilla Toledo, director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía, indicó a La Nación que “evidentemente estas agencias han dependido en gran parte del apoyo estadounidense, el cual ha sido recortado”.
No obstante, mencionó que se trabaja en una estrategia para disminuir el gran volumen de expedientes de refugio que se encuentran relegados. Esta labor la realiza conjuntamente el personal de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y las personas contratadas por Acnur, como apoyo a la unidad de refugio.
“Si bien es cierto, podrán existir limitaciones económicas, no solo en este caso, sino en toda la institucionalidad del país, seguimos trabajando con el compromiso de atender estas gestiones y reducirlas a los niveles manejables”, añadió.
Se remitieron consultas a la oficina de Acnur en Costa Rica, sin embargo al cierre de esta edición no se habían recibido respuestas.
Riesgosa dependencia
En mayo de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que las personas solicitantes de refugio deben esperar entre 2 y 6 años, como mínimo, para recibir una respuesta —positiva o negativa— por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
El ente fiscalizador subrayó que la alta mora en los procesos ponía a las personas solicitantes en una situación de indefensión jurídica e inestabilidad, además de aumentar su vulnerabilidad y limitar su acceso al trabajo, la salud y otros servicios esenciales que requieren una condición migratoria regular.
En aquel entonces, las solicitudes eran atendidas por seis funcionarios de la Unidad de Refugio de Migración y 22 profesionales cedidos por el Acnur. Se estimaba que más de 200.000 personas estaban a la espera de una respuesta.
El informe de auditoría publicado por la Contraloría desde hace un año llamó la atención sobre la alta dependencia que históricamente ha tenido la Unidad de Refugio del personal cedido por Acnur, y el peligro que ello representaba para mantener en funcionamiento el servicio.
Según el informe, entre los años 2017 y 2023, el personal pagado por Acnur siempre fue mayor que los funcionarios asignados por el Estado costarricense.
Por ejemplo, para el año 2023 se contó con cinco funcionarios públicos y 37 de Acnur, esto quiere decir que por cada colaborador de la Unidad de Refugio laboraron ocho profesionales cedidos por la agencia de la ONU.
El órgano contralor señaló que esta dinámica supone un riesgo, ya que si Acnur pone fin a la colaboración con Migración, esto puede generar un colapso del proceso.
