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Treinta y cuatro organizaciones internacionales expresaron preocupación por una serie de situaciones que, en su criterio, representan señales de deterioro de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática en Costa Rica.
El pronunciamiento fue suscrito por organizaciones de diferentes países como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Civicus, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
También aparecen la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación Mulabi, el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (Cipac), la Cooperativa Sulá Batsú, Hivos, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Protección Internacional Mesoamérica y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, entre otras.
Entre sus principales preocupaciones, las entidades mencionaron la falta de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, la reducción de recursos para el Poder Judicial y los discursos de autoridades públicas contra personas vinculadas con la administración de justicia.
Según las organizaciones, Costa Rica se distinguió históricamente en América Latina por la estabilidad de sus instituciones, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial.
“Costa Rica ha sido históricamente un referente de solidez democrática y de Estado de derecho en América Latina, y la fortaleza de sus instituciones, el respeto por la separación de poderes y la independencia de su Poder Judicial han sido elementos centrales de esa reputación”, indicaron.
Además, lamentaron los discursos de autoridades del Estado contra quienes administran justicia al señalar que estas manifestaciones pueden afectar la confianza pública en el Poder Judicial y debilitar su función como contrapeso institucional.
Las organizaciones indicaron que este tipo de cuestionamientos adquiere mayor alcance cuando procede de personas que ejercen cargos públicos. Vincularon esta situación con patrones observados por organismos internacionales de derechos humanos en otros procesos de deterioro democrático en América Latina.
El pronunciamiento también cuestionó a la Asamblea Legislativa por la falta de nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Las entidades consideran que esta situación afecta el funcionamiento de un órgano encargado de la protección de derechos fundamentales y del control constitucional.
Sobre el presupuesto del Poder Judicial, las organizaciones afirmaron que la disminución de los recursos asignados puede afectar la capacidad operativa de la institución y tener consecuencias sobre el acceso de la población a la justicia.
El documento también planteó inquietudes sobre el espacio cívico en Costa Rica debido a supuestas manifestaciones de hostigamiento y estigmatización contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos que documentan o denuncian estas situaciones.
La experiencia de otros países de la región muestra que el debilitamiento simultáneo del Poder Judicial y del espacio cívico puede aparecer durante procesos de erosión institucional. Por esa razón, pidieron analizar estas situaciones de forma conjunta.
Organizaciones plantean medidas al Estado
Las entidades solicitaron al Estado costarricense adoptar medidas para fortalecer la independencia judicial y cumplir las obligaciones internacionales del país en esta materia.
“Hacemos un llamado al Estado costarricense para que revierta estas condiciones y adopte todas las medidas necesarias para fortalecer la independencia judicial, dando pleno cumplimiento a sus obligaciones internacionales”, señaló.
Entre las acciones planteadas, figura evitar discursos que, según las organizaciones, debiliten la legitimidad del Poder Judicial, así como garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento.
También, solicitaron completar los nombramientos pendientes de magistrados suplentes, además de proteger el espacio cívico y a las personas que participan en actividades de defensa de derechos humanos.
Las organizaciones indicaron que mantendrán seguimiento sobre la situación de Costa Rica y manifestaron respaldo a personas e instituciones vinculadas con la defensa del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática.
Barra de Abogados de Nueva York se suma a las advertencias
La Barra de Abogados de Nueva York (City Bar) expresó preocupación por el recorte presupuestario al Poder Judicial de Costa Rica y por la falta de nombramientos de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. La organización considera que ambas situaciones pueden debilitar la independencia y el funcionamiento de la justicia.
Según su pronunciamiento, una reducción de esa magnitud puede afectar investigaciones penales, atención de víctimas, defensa pública y operaciones de los tribunales en el país.
La Barra de Abogados de Nueva York dedicó parte de su pronunciamiento a la situación de la Sala Constitucional, debido a la falta de magistraturas suplentes necesarias para integrar el tribunal cuando alguno de sus miembros titulares debe apartarse de un caso.
La organización solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo proteger la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y evitar que la asignación de recursos se convierta en un mecanismo de presión contra la judicatura. el City Bar solicitó aprobar una cantidad suficiente de magistraturas suplentes para garantizar el funcionamiento del tribunal.
También, pidió establecer un diálogo institucional y técnico para determinar las necesidades presupuestarias del Poder Judicial, así como crear o fortalecer mecanismos legales que garanticen una asignación mínima y estable de recursos, acompañada de controles para su rendición de cuentas.
