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Un diputado del Partido Restauración Nacional afirmó que no somos ratas de laboratorio para referirse al decreto ejecutivo que obliga a los funcionarios a vacunarse contra la covid-19. Un abogado penalista escribió en una red social que «el exceso de prevención es represión» y la emprendió contra la inoculación forzada.
No tengo formación académica para defender la constitucionalidad de la vacunación obligatoria, pero sí para defenderla como método para detener la pandemia. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que no se puede exigir una terapia médica segura y eficaz cuando se está en contra de los estudios en personas. Tampoco es posible demostrarlo solamente con modelos matemáticos. Todas las vacunas y medicamentos deben pasar, como mínimo, por tres fases experimentales.
La fase uno demuestra que el tratamiento es seguro y, habitualmente, se utilizan roedores. La fase dos responde a la pregunta si el tratamiento tiene los efectos deseados en las personas. La tercera evalúa si el efecto es mejor que el placebo o los tratamientos ya existentes. Este procedimiento toma meses y hasta años.
En vista de la rápida propagación del virus, la falta de antivirales eficaces y el grave daño a los pulmones y otros órganos, encontrar una vacuna para detener la pandemia fue una prioridad sanitaria internacional.
En una carrera contra el tiempo, los biotecnólogos y virólogos más brillantes del planeta estudiaron la estructura molecular del virus y diseñaron las mejores estrategias para administrar los antígenos a las células inmunes de personas sanas.
Para la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNtech se presentó un estudio fase tres con más de 43.000 participantes; para la de AstraZeneca, casi 24.000. Los efectos secundarios fueron pasajeros y leves. La evidencia de su eficacia fue y sigue siendo demostrada después de su comercialización.
En promedio, estas vacunas brindan un 80 % de protección contra la covid-19 y un 65 % contra sus variantes, es decir, una persona vacunada tiene cuatro veces menos probabilidades de enfermar que una que no lo esté. Pero ¿por qué no protege en un 100 %?
El hecho de que una persona puede reinfectarse del SARS-CoV-2 apoya la hipótesis de que la falla no es en sí de la vacuna, sino del huésped, que no genera suficientes anticuerpos o inmunidad celular contra los antígenos. Además, el proceso requiere tiempo y dosis de refuerzos. Si la infección ocurre antes de la tercera semana de aplicada la dosis final (como ha sucedido en muchos casos), la protección es menor.
Aun cuando la persona esté contagiada y enferme de covid-19 estando vacunada, la enfermedad será menos grave de lo que se supondría para su edad y condición. En mayores de 65 años, reduce en un 90 % las hospitalizaciones.
Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, luego del surgimiento de la variante delta, se reduce en unas 10 veces el riesgo de morir cuando la persona ha sido inoculada. En los que ya han sufrido covid-19, la vacuna disminuye a la mitad el riesgo de reinfección.
El punto es que, en epidemiología, si el 85 % de la población es inoculado, no necesitamos una vacuna con un 100 % de eficacia para detener la pandemia.
Soy médico intensivista y, debido a la pandemia, he visto morir prematuramente a personas como nunca antes. No es una infección viral común y corriente. Produce tragedias personales, colapso hospitalario, retrasos en la atención de pacientes que necesitan cirugías con urgencia o tienen cáncer, se gastan decenas de millones para salvar una sola vida y contener la pandemia sin vacuna solo es posible con medidas que restringen el desarrollo económico, y ya han causado la pérdida de miles de empleos.
Si realmente les importa el país, decidan de forma informada y cuidadosa entre perder más vidas y conducir la economía al colapso o poner el brazo y sumarse a la solución.
Las vacunas contra la covid-19 son la única forma conocida de prevenir los efectos del virus y son seguras y eficaces. Oponerse a ellas es oponerse al bien colectivo, a la salud pública, a la economía de todos.
Por supuesto que no somos ratas de laboratorio, así que nadie debería comportarse como una de ellas.
El autor es médico.