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Archivar el proyecto 24.281, reforma constitucional para mejorar el acceso a financiamiento barato, es parte del cortoplacismo que le sale cara al país. Debe decirse, sin rodeos, que tal parece que los diputados salientes, lejos de pensar en el futuro, quieren castigar al gobierno. En el juego político del “no”, el que termina pagando es Costa Rica: con deuda cara, con menos margen fiscal y menos capacidad para atender prioridades urgentes.
Empecemos por lo básico. Es falso afirmar que la propuesta “buscaba eliminar la obligación de aprobar créditos internacionales en la Asamblea Legislativa”. La autorización de endeudamiento continuaría en manos de las señoras y señores diputados; lo que se proponía era ordenar el proceso y hacerlo más predecible. La reforma distinguía claramente entre tipos de financiamiento: los créditos de inversión seguirían requiriendo 38 votos, mientras que los créditos de apoyo presupuestario (o los que sostienen el Presupuesto de la República, como los eurobonos) se aprobarían dentro del trámite presupuestario, con autorización anticipada y dentro del límite de endeudamiento.
La propuesta de enmienda constitucional no estaba quitando control; estaba poniendo el control donde corresponde. Si el empréstito es para inversión (obra pública, infraestructura, proyectos), se mantiene el candado de 38 votos. Pero si se trata de financiamiento para sostener el presupuesto, lo razonable es que se discuta y apruebe como parte del presupuesto, porque ahí es donde la Asamblea Legislativa define el tamaño del endeudamiento permitido y sus límites. Eso reduce incertidumbre y evita que el país pague un sobrecosto por rigideces políticas.
El objetivo de la enmienda constitucional era sencillo: reemplazar la rigidez por planificación financiera. Cuando el país puede decidir con tiempo, puede aprovechar ventanas de oportunidad, negociar con calma y reducir el “premio” que el mercado cobra cuando percibe incertidumbre, retrasos o riesgo de bloque institucional. En finanzas, la improvisación se cobra.
Ahora, una pregunta incómoda: si sabemos que, en Costa Rica, la deuda es cara, ¿por qué insistir en mecanismos que la encarecen más? Cada punto extra en el costo de financiamiento no es una discusión académica: es pago de intereses que desplazan espacio presupuestario de destinos clave para el contrato social costarricense como educación, salud, seguridad o infraestructura pública.
Acá es donde la incoherencia raya en hipocresía: exigir más gasto social mientras se impulsan iniciativas que reducen los ingresos y cierran las puertas a financiamiento más barato. No tiene lógica o sentido demandar más recursos para becas, ayudas sociales, infraestructura o seguridad, al tiempo que se erosiona la recaudación por medio de exoneraciones o se imponen trabas de acceso a fuentes de financiamiento con mejores condiciones.
Lo más irónico es que para tener acceso a financiamiento barato, se debe “pedir permiso”, pero para uno caro, basta con aprobar el presupuesto. Es como si el sistema premiase lo costoso. Esta asimetría no protege las finanzas públicas costarricenses; las debilita, porque empuja a decisiones menos eficientes.
Control democrático sí, pero control inteligente
Fiscalizar no debe ser sinónimo de paralizar; fiscalizar es poner reglas claras, exigir transparencia de condiciones, reportes periódicos, evaluación de resultados. La más reciente decisión de las y los diputados salientes fue un “no” automático que parece más un pulso político que una defensa del interés público.
Si el objetivo real es proteger a Costa Rica, la Asamblea debió debatir cómo abaratar la deuda sin perder controles, no matar la discusión. Cuando la deuda es cara por puro capricho, no solo se castiga al gobierno de turno: se castiga el crecimiento, se castiga el empleo y se castiga la provisión de servicios públicos.
A las puertas de una nueva Asamblea Legislativa, el Partido Pueblo Soberano impulsará los cambios que el país requiere, demanda y necesita. Lo hará con más sentido de país, más responsabilidad fiscal y una visión de futuro que ponga la eficiencia del Estado al servicio de la gente, no de los impulsos de un momento.
nogui.acosta@gmail.com
Nogui Acosta Jaén es diputado electo para el periodo legislativo 2026-2030.
