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En política, deberíamos conservar la capacidad de reconocer las buenas ideas, independientemente de quién las proponga. Costa Rica no puede vivir en una dinámica en la que las diferencias partidarias rompan los puentes del diálogo y una iniciativa se juzgue por su origen antes que por sus efectos. Desde esa perspectiva, considero que la propuesta de la presidenta Laura Fernández de fortalecer el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) mediante el traslado del 0,25% que hoy capitaliza al Banco Popular, merece ser estudiada con seriedad y, en principio, apoyada.
La razón es sencilla: el RNC protege a personas que, al llegar a la vejez o enfrentar condiciones de alta vulnerabilidad, no cuentan con una pensión contributiva. Para muchas de ellas, sobre todo quienes viven en pobreza, esa transferencia es el ingreso que les permite comprar alimentos, medicinas y atender necesidades básicas. Fortalecer este régimen significa colocar recursos donde pueden producir un efecto social inmediato y profundamente humano.
La propuesta adquiere mayor importancia ante el cambio demográfico. Las proyecciones del INEC indican que en 2024 cerca de 11 de cada 100 habitantes tenían 65 años o más; para 2050 serán aproximadamente 25 de cada 100. En poco más de dos décadas, una de cada cuatro personas en Costa Rica será adulta mayor. Este envejecimiento obligará a transformar nuestras políticas de pensiones, salud, cuidados, vivienda y protección social. El 2050 puede parecer lejano, pero, en política pública, está a la vuelta de la esquina.
Los números permiten dimensionar la iniciativa. Los estados financieros auditados del Banco Popular reportaron para 2025 alrededor de ¢37.507 millones provenientes del aporte patronal del 0,25% que permanece como fuente de capitalización. Como ejercicio meramente aritmético, tomando como referencia una pensión ordinaria de ¢82.000 mensuales y 13 pagos anuales, esa suma equivale aproximadamente al costo de 35.000 pensiones. No es un cálculo actuarial, pero permite comprender la magnitud del impacto potencial.
Expreso esta posición también desde la experiencia. Tuve el honor de servir como ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y como secretario técnico del Diálogo Nacional de Pensiones de Costa Rica. Esas responsabilidades me permitieron conocer las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de protección social.
Aprendí que las reformas en pensiones requieren rigurosidad técnica, sostenibilidad financiera y diálogo social, pero también que un país no puede esperar a que una crisis sea inevitable para comenzar a actuar. Debemos avanzar, además, en reformas al Sistema Nacional de Pensiones que permitan a las nuevas generaciones mantener la esperanza de obtener una pensión en el futuro.
Apoyar esta propuesta no significa desconocer la importancia histórica y económica del Banco Popular. El 0,25% constituye una fuente real de capitalización y cualquier reforma debe acompañarse de estudios sobre suficiencia patrimonial, riesgos y sostenibilidad. La discusión no debería plantearse como Banco Popular versus personas adultas mayores. Si los estudios técnicos aconsejan gradualidad, medidas compensatorias o salvaguardas financieras, deberán incorporarse.
Tampoco esta medida resolverá por sí sola los problemas de nuestra política social. Costa Rica debe asumir como meta de corto y mediano plazo la modernización integral del sector social. Persisten fragmentación institucional, duplicidades y trámites innecesarios. Necesitamos fortalecer la rectoría social, mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, mantener y fortalecer el Sinirube, simplificar procesos y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Fortalecer el RNC sería, entonces, un avance dentro de una agenda mayor. Debemos prepararnos desde ahora para una sociedad que envejece rápidamente y en la cual la protección de las personas adultas mayores será uno de nuestros principales desafíos.
Este debate ofrece, además, una oportunidad para recuperar algo que nuestra democracia necesita: diálogo y una visión de centro que permita reconocer méritos sin importar de dónde provengan. Una oposición responsable debe fiscalizar y señalar errores, pero también tener la libertad de respaldar una propuesta cuando beneficia al país. Quien gobierna, por su parte, debe escuchar las observaciones de quienes piensan diferente.
Si una política puede ampliar la protección de quienes vivieron en pobreza, trabajaron durante años en la informalidad, realizaron labores domésticas no remuneradas o no lograron obtener una pensión contributiva, merece una discusión seria y sin prejuicios. Por eso considero que fortalecer el RNC con estos recursos merece apoyo, acompañado de los estudios y salvaguardas necesarios.
Porque, al final, una pensión para quien no tiene nada no es solamente una transferencia económica: es dignidad.
ariasemilio023@gmail.com
Emilio Arias Rodríguez es exministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y exsecretario técnico del Diálogo Nacional de Pensiones.
