¿Un impuesto más? La solidaridad no puede seguir usándose como excusa

En Costa Rica, cada vez que una institución necesita más recursos, la solución automática parece ser crear un nuevo impuesto. Esta vez le tocó al sector asegurador.

El Proyecto de Ley 24.738 propone financiar de forma permanente al Instituto Meteorológico Nacional (IMN)-MINAE, el Ovsicori-UNA, la Red Sismológica Nacional (RSN-UCR) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS-UCR), mediante un impuesto del 0,60% sobre las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines.

Aunque estas instituciones cumplen una función importante, especialmente en un país sísmico y con alta exposición climática, no es razonable cargar ese costo exclusivamente a quienes compran seguros. La prevención y la preparación ante emergencias son responsabilidades nacionales, con beneficios que alcanzan a toda la población, incluso a quienes no están asegurados. Entonces, ¿por qué hacer pagar solo a un grupo?

Además, hay un punto que se omite en la discusión: las pólizas de seguros ya están cargadas con varios tributos específicos:

• Contribución del 0,5% al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), establecida en el artículo 52 de la Ley 9694.
• Impuesto del 4 % para financiar al Benemérito Cuerpo de Bomberos, según el artículo 40 de la Ley 8228.
• Retención del 5,5% sobre remesas al exterior por reaseguros, de acuerdo con el artículo 23, inciso e) de la Ley 7092.

Es decir, que ya se usan las pólizas como fuente de financiamiento para diversas instituciones. Aun así, los diputados proponentes del proyecto apelan a la “solidaridad”, como si los costarricenses no pagáramos ya una fortuna en impuestos para sostener una de las burocracias más caras e ineficientes de la región. La solidaridad no puede seguir usándose como excusa para tapar la falta de orden y control que sufre el aparato estatal.

El caso del Cuerpo de Bomberos es el más evidente: por no haber hecho proyecciones técnicas adecuadas, se fijó por ley un porcentaje que hoy los deja nadando en recursos. Con estos, han financiado desde vehículos de lujo hasta obras de arte, y cualquier ajuste a tal situación requiere una nueva ley, incluso si se demuestra que los fondos podrían usarse mejor en otras áreas. ¿No sería más razonable revisar estas asignaciones antes de seguir golpeando al ciudadano formal?

Reformar antes de recaudar

También hay duplicidades que deberían corregirse antes de seguir alimentando estructuras separadas con dinero público. Tanto el Ovsicori como la RSN-UCR monitorean actividad sísmica y volcánica. El LIS-UCR, por su parte, estudia los efectos de los sismos en suelos y estructuras. Técnicamente, son complementarios, pero operan como islas: con redes, personal, plataformas, reportes y presupuestos separados.

Una propuesta concreta sería fusionar operativamente la RSN y el LIS en una sola unidad técnico-científica, con redes compartidas y una sola plataforma de análisis. Más aún, el país debería decidir en cuál universidad se consolidará la función nacional de monitoreo sísmico y volcánico, en lugar de mantenerla dividida entre la UCR y la UNA. Esta reorganización debería ser condición previa a cualquier nuevo financiamiento.

Tanto la UCR como la UNA ya reciben recursos del FEES –que ha venido en aumento– y el IMN está adscrito a un ministerio cuyo presupuesto también crece año con año. Si estas entidades son prioritarias, deben ser atendidas con los fondos disponibles.

Lo que no es aceptable es que, bajo la excusa de prevenir desastres, se cree un nuevo impuesto que se suma a una larga lista de gravámenes específicos que ya afectan a las pólizas.

Además, no se trata solo de cuánto se recauda con el nuevo impuesto, sino de cómo se administran dichos recursos.

Más impuestos no son solución

El proyecto establece que el nuevo impuesto se usará exclusivamente para la compra de equipos y fortalecimiento de redes. Pero una vez que se aprueba y transfiere el dinero, ¿quién garantiza que no se usará para aumentos salariales, creación de plazas innecesarias o más burocracia? No sería la primera vez que una buena intención se convierte en otro gasto incontrolado.

La prevención es fundamental, sí, pero también lo es la responsabilidad fiscal. Si de verdad queremos mejorar la gestión del riesgo en el país, el camino no es seguir improvisando impuestos sectoriales. El camino es reorganizar, establecer prioridades claras, evitar duplicidades y garantizar que cada colón cobrado a los contribuyentes se utilice con transparencia y resultados medibles.

Seguir inflando la carga tributaria con impuestos específicos solo ahoga más a quienes sí hacen las cosas bien: los ciudadanos y las empresas que se aseguran. La pregunta no es si debemos invertir en prevención, sino cómo debemos hacerlo. Y este proyecto, tal y como está planteado, no parece ser la mejor opción.

lsaumacr@gmail.com

Laura Sauma es ingeniera civil y directora ejecutiva de Primera Línea CR.