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Socios comerciales confiables

La medida contra la importación de aguacates de México debe eliminarse antes de que concluya este gobierno

Uno de los pilares fundamentales de la política comercial de los últimos cuarenta años ha sido el reconocimiento de Costa Rica como socia confiable y respetuosa de las reglas del sistema multilateral de comercio.

Para un país pequeño, la seguridad jurídica y el respeto a las normas y compromisos contraídos son esenciales para seguir atrayendo inversión extranjera directa y crear oportunidades para la exportación e importación.

Los últimos dos gobiernos, sin embargo, interpretaron de manera riesgosa que la administración “audaz” del comercio está facultada para establecer barreras no arancelarias a fin de dificultar las importaciones con fines proteccionistas, sin tomar en cuenta el efecto negativo en los flujos comerciales y para los consumidores.

Estas líneas grises, promovidas por la lectura e interpretación antojadiza de algunos funcionarios, distanciada de criterios técnicos, incrementaron la aplicación de medidas de defensa comercial discriminatorias que poco a poco debilitaron la posición del país como socio comercial confiable.

México, Argentina, Uruguay, Canadá y Brasil son solo algunos de los países que alzaron la voz ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y denunciaron distintas medidas impuestas por Costa Rica.

La prohibición de importar aguacates mexicanos es un ejemplo de la desacertada gestión. A pesar de que muchos advertimos acerca de la debilidad técnica de la medida, el riesgo que se corría frente a la OMC y la conveniencia de buscar una solución negociada con las autoridades mexicanas, los jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la presidencia prefirieron hacer caso omiso, y condenaron al país no solo a su primera derrota en el esquema de la solución de controversias de la organización, sino también al pago de los gastos incurridos en la defensa y a posibles compensaciones por las demandas perdidas en los juzgados contencioso-administrativos nacionales.

Lo anterior, sin contabilizar que durante casi ochos años obligaron a los costarricenses a pagar un precio hasta tres veces mayor por el aguacate, muchas veces de menor calidad.

Como era de esperarse, el grupo especial que analizó el caso resolvió que la medida no tenía sustento científico y que era incompatible con las disposiciones del acuerdo para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC.

De conformidad con las reglas del sistema para resolver la situación, el país tiene solamente dos posibilidades: eliminar de inmediato la prohibición o ajustarla a las disposiciones del acuerdo.

Lamentablemente, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, anunció que antes de tomar la decisión de derogar la medida que prohíbe la importación valorará si es posible ajustarla a los criterios técnicos y científicos de la OMC.

Será, por tanto, un largo y tortuoso camino que implica efectuar, nuevamente, un análisis de riesgo, el cual, dadas las pruebas que ya constan en el expediente, difícilmente justificará la prohibición.

No conviene prolongar la arbitrariedad; debe ser derogada de inmediato para reiterar el compromiso del país con las reglas multilaterales de comercio.

El gobierno saliente debe tener la hidalguía de eliminar la medida antes de irse, caso contrario, será imperativo que constituya una de las acciones prioritarias de la próxima administración con miras a posicionar a Costa Rica de nuevo como una socia comercial confiable.

fernando.ocampo@ulead.ac.cr

El autor es profesor universitario y fue viceministro de Comercio Exterior.

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