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Quienes celebran o lamentan los cambios políticos en América Latina como si fueran el fin de una era no han entendido nada. La volatilidad en el mapa político latinoamericano no es una anomalía: es la norma. Y lo que es peor: se ha convertido en la excusa preferida para no construir lo único que realmente importa: una arquitectura institucional que sobreviva a los gobiernos de turno.
Me opongo frontalmente a la idea de que la alternancia democrática sea, por sí misma, un problema. El problema es otro: la complicidad silenciosa de élites políticas y económicas que se benefician de la debilidad institucional. Sin seguridad, no hay paz; sin paz, no hay democracia; sin democracia, no hay libertad. Pero añado algo fundamental: sin instituciones que aten de manos a los gobernantes, el desarrollo no es un espejismo: es una farsa.
La consultoría tradicional ha fallado estrepitosamente. ¿Por qué? Porque ofrece teorías de alto nivel que se desploman ante la primera crisis real. Seguir recomendando “buenas prácticas” sin exigir mecanismos vinculantes es, lisa y llanamente, irresponsable.
El sector privado no puede seguir tratando la sostenibilidad como un centro de costos o una concesión administrativa. Eso no es estrategia: es marketing. La sostenibilidad debe ser el eje de una ventaja competitiva de alto cumplimiento, y quien no lo entienda así estará condenado a la irrelevancia.
Por su parte, el sector público ha demostrado, una y otra vez, que la buena intención no basta. Se necesita transparencia operativa blindada por ley, no por discurso. Sin eso, cualquier proyecto de largo plazo es papel mojado.
La reconfiguración política en el Cono Sur nos deja una lección incómoda: la eficiencia fiscal y la atracción de inversión extranjera directa son condiciones necesarias, pero absolutamente insuficientes. ¿Qué prueba esto? Que el verdadero cuello de botella de la competitividad no es el dinero: es la voluntad de modernizar el Estado.
Tomemos el caso del Clúster Aeroespacial de Costa Rica. Quienes lo presentan como un éxito sin matices mienten por omisión. Ese clúster funciona no por casualidad ni por liderazgo carismático, sino porque hubo gobernanza estricta y mecanismos de exigibilidad. ¿Y qué ocurre cuando eso no existe? Lo vemos a diario: proyectos estratégicos que mueren con cada cambio de gobierno.
Mi postura es clara: sin convergencia multisectorial respaldada por reglas que ningún ministro pueda modificar unilateralmente, no hay captura de valor real, solo simulacros de desarrollo.
El desafío actual no es técnico: es político, en el peor sentido de la palabra. No se trata de orquestar mejor. Se trata de reconocer que nuestras élites no quieren orquestación; quieren discrecionalidad.
Mover el país desde el “cuarto de máquinas” hacia la “cubierta de navegación” requiere algo que deliberadamente se evita: articular intereses con reglas inquebrantables.
En un contexto donde la criminalidad y la insatisfacción ciudadana destruyen la confianza en las instituciones, la respuesta no puede ser el voluntarismo. Eso es un insulto a la ciudadanía.
Se requieren arquitectos, sí, pero no de los que dibujan planos bonitos. Se necesitan arquitectos capaces de tender puentes entre mesas multilaterales, fondos de capital internacional y gabinetes soberanos, con una condición innegociable: que esos puentes tengan columnas de acero legal, no de buena voluntad.
Se habla mucho de transitar hacia economías regenerativas. Me parece bien, pero no sirve de nada si la confianza y la transparencia siguen siendo métricas optativas. La confianza debe ser medible, auditable y, sobre todo, exigible ante tribunales.
El discurso político, en cambio, debe perder toda relevancia como métrica de excelencia. Mi mandato es claro: edificar la arquitectura que garantice que, a pesar de los cambios de signo político, los proyectos estratégicos continúen. ¿Y hoy? Hoy no tenemos eso. La política es volátil por diseño, pero el legado no se construye con buenas intenciones: se construye con cimientos inamovibles, y los nuestros son de cartón.
Por eso, la pregunta fundamental no es si debemos cambiar. La pregunta es otra, y duele: ¿tenemos la arquitectura institucional preparada para sobrevivir al siglo? Mi respuesta es no. Y mientras no lo admitamos, seguiremos confundiendo el ruido electoral con progreso.
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Carolina Rodríguez Hernández es fundadora de KVK.
