EscucharCasi 11.000 kilómetros separan a Costa Rica del conflicto bélico que se vive Ucrania por la invasión de Rusia. Pese a la distancia, esa situación puso sobre el tapete nuestra fragilidad a los impactos comerciales.
Ucrania está entre los principales productores y exportadores mundiales de maíz, trigo y cebada, y de materias primas fundamentales para la alimentación mundial. Esto sin tomar en cuenta la escasez que se generó de insumos para la fabricación de fertilizantes.
La situación generó una escalada en los precios internacionales de los cereales y de otros productos como el aceite de cocina, por mencionar dos ejemplos, lo cual generó una crisis y despertó la discusión internacional sobre la seguridad alimentaria.
En Europa, a pesar de ser una región en pro de la disminución de los agroquímicos y la “ola verde”, ya se analiza la necesidad de flexibilizar esa política en beneficio de asegurar los alimentos para su población.
Y es que la reciente pandemia mundial ocasionada por la covid-19 ayudó a que los países analicen aspectos que pueden poner en jaque su posibilidad de acceder a alimentos, no solo por el cierre de puertos internacionales, sino por las políticas nacionales que afectan a los productores agrícolas.
Un caso reciente es el de Sri Lanka, donde el entonces presidente Mahinda Rajapaksa anunció, en 2021, su intención de que ese país produjera alimentos totalmente orgánicos en un plazo de diez años, lo que provocó el fin del uso de fertilizantes sintéticos en los cultivos.
Eso llevó a que los agricultores de esa nación casi abandonaran esa actividad económica y existiera una caída en la productividad de las cosechas. En consecuencia, se generó una crisis alimentaria que, sumada a los aprietos financieros y comerciales del país, terminó en el levantamiento del pueblo y la huida de Rajapaksa.
La experiencia de Sri Lanka nos permite hacer una llamada de atención a que la tendencia de la agricultura orgánica exclusiva no es sostenible. Esa “ola verde” no solo se vive en esas naciones, aquí también.
Sin seguridad jurídica
Costa Rica navega sobre tierras muy inestables por la ausencia de seguridad jurídica de los insumos agrícolas y la caída en la producción.
Por más de 18 años la normativa para el registro de agroquímicos ha estado sin un marco legal adecuado, moderno y en línea con los mercados internacionales. Seguimos utilizando moléculas que, hoy en día, tienen actualizaciones disponibles, pero que no podemos registrar debido a la tramitología nacional.
Esto, sumado a políticas nacionales y convenios internacionales ruinosos, los productores agrícolas acumulan pérdidas y caminos duros para generar el alimento que llega a nuestras mesas.
Según el Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central, de junio 2022, persiste la contracción en el sector agropecuario con una tasa media de -2 puntos.
Debemos aprender las lecciones y, por ello, necesitamos una legislación adecuada y moderna, que permita el crecimiento agrícola; políticas que favorezcan el agro y que brinden seguridad alimentaria al país, para todos por igual.
La autora es abogada y directora ejecutiva de la Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agro insumos de Costa Rica (Asoagro-CR).
