En el contexto del Proyecto de Ley 24.738, surge el debate sobre la pertinencia de contar en Costa Rica con redes de monitoreo geodinámico y meteorológico, así como sobre las fuentes de financiamiento para su mantenimiento y operación. Estas redes son operadas por el Instituto Meteorólogico Nacional (IMN), el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) y la Red Sismológica Nacional (RSN), y recopilan y procesan información clave para la toma de decisiones, la generación de políticas públicas, la reducción del riesgo y la actualización de modelos de riesgo.
Dimensión del riesgo en Costa Rica
Costa Rica está en una región con niveles altos de amenaza de eventos naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos y mareas extremas. De acuerdo con el informe Dinámicas territoriales del clima y los desastres en América Latina (1950-2019), Centroamérica registró más de 30.000 eventos con algún nivel de daño, siendo las inundaciones (59%) y los deslizamientos (27%) los más frecuentes.
En Costa Rica, entre 2005 y 2017, los eventos hidrometeorológicos generaron pérdidas superiores a los $2.200 millones, y el monto anual estimado de pérdidas por todas las amenazas naturales podría alcanzar los $280 millones, con tendencia al alza debido al cambio climático.
Los terremotos son eventos menos frecuentes, pero con mayor impacto. El terremoto de Limón, en 1991 (7,6 Mw), generó pérdidas estimadas en más de $440 millones (ajustados al valor actual), mientras que el sismo de Cinchona, en 2009 (6,2 Mw), superó los $800 millones.
En el país, el crecimiento urbano desordenado eleva la exposición a amenazas mal caracterizadas. La combinación con la vulnerabilidad social intensifica el riesgo, así como el cambio climático.
Datos como base para un mejor mercado de seguros
Las aseguradoras líderes a nivel mundial han modernizado su toma de decisiones, las cuales se basan en el análisis de grandes volúmenes de datos e incluso en el uso de inteligencia artificial para procesar información relacionada con parámetros como salud y amenazas naturales.
Las alianzas entre quienes producen los datos y las aseguradoras podrían dar origen a productos accesibles para poblaciones vulnerables, como los seguros paramétricos o mecanismos respaldados por gobiernos locales o el propio Gobierno Central.
En seguros relacionados con amenazas, como los sismos, la prima suele reflejar el riesgo individual del cliente. A su vez, hay un componente de mutualización del riesgo, en el que las primas de quienes no presentan siniestros ayudan a cubrir las pérdidas de quienes sí los enfrentan.
En Costa Rica, la tasa de penetración de los seguros (primas/PIB) era inferior al 3% en 2023; creció un 90% en la última década. El promedio mundial ronda el 7% y en países desarrollados puede alcanzar el 12%. Esto evidencia un amplio margen de crecimiento en el mercado nacional que debe verse como una oportunidad.
Un informe reciente de Deloitte estimó que invertir $3,35 billones en reforzar viviendas vulnerables en EE. UU. podría evitar hasta $37 billones en reclamos relacionados con daños por eventos naturales, con un retorno de 1 a 11 por dólar invertido. Estos son modelos replicables y demuestran que el uso de datos sobre la amenaza para el análisis y prevención del riesgo puede ser rentable para las aseguradoras.
Por ello, resulta preocupante que la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica haya declarado que el proyecto de ley genera un “castigo” a la industria, sobre todo en vista de que, ante la ausencia de redes de monitoreo, no tendrían acceso a los datos y tampoco los generan.
Esta posición desconoce la práctica internacional de grandes compañías de seguros. Por ejemplo, la Fundación Global Earthquake Model (GEM), ha trabajado por más de 20 años en modelos de riesgo sísmico con el respaldo de aseguradoras como Allianz, Munich Re, Swiss Re y Zurich IG. Estas empresas, líderes mundiales en temas de seguros, reconocen que la colaboración entre ciencia y aseguradoras no es una carga; es una inversión que les brinda insumos valiosos para tomar decisiones estratégicas.
La pregunta de si las aseguradoras deben contribuir al financiamiento de las redes de monitoreo tiene, a mi juicio, una respuesta clara: sí.
Los datos generados por las redes pueden usarse en la optimización del modelo de negocios, tal como ocurre en países desarrollados. Hoy, en un contexto de crecimiento del sector de seguros y con la estabilidad que ha demostrado, es el momento adecuado para construir mecanismos de cooperación e inversión.
El proyecto no debe verse como un castigo al sector, sino como una oportunidad de crear una alianza estratégica para construir una sociedad más resiliente, con una mejor comprensión de su riesgo y con herramientas reales para mitigarlo.
diego.hidalgo@ucr.ac.cr
Diego Hidalgo Leiva es ingeniero e investigador en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la UCR.
