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La Asamblea Legislativa aprobó recientemente la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso. Este avance coloca a Costa Rica en la ruta de la modernidad laboral con justicia social, al reafirmar que el trabajo digno no es un privilegio, sino un derecho humano.
El convenio establece que los Estados tienen la obligación de prevenir, sancionar y reparar la violencia y el acoso laboral, ya sea físico, psicológico, sexual o económico. Su ratificación es más que un gesto simbólico: es un compromiso real con la dignidad de las personas trabajadoras y con la igualdad de género en el mundo laboral.
Pero este logro ocurre en un contexto legislativo marcado por la parálisis y el estancamiento. Mientras damos pasos hacia adelante con la aprobación del Convenio 190, el debate sobre el proyecto de jornadas 4x12 nos tiene entrampados con más de 2.500 mociones, lo que podría prolongar la discusión por más de cuatro meses.
Y mientras tanto, el país se cae a pedazos en los temas que más angustian a la ciudadanía:
1) Una crisis de inseguridad sin precedentes, con homicidios que superan récords históricos.
2) Un sistema de salud debilitado, con listas de espera interminables en la CCSS.
3) Una educación pública golpeada, donde los estudiantes siguen teniendo menos oportunidades que en años anteriores.
¿Podemos realmente darnos el lujo de paralizar la agenda nacional por meses, centrando todas nuestras energías en un proyecto que, además, amenaza con precarizar derechos laborales?
No me malinterpreten: creo en la necesidad de modernizar las jornadas de trabajo. El mundo del empleo está cambiando y Costa Rica no puede quedarse atrás. Pero modernidad no puede ser sinónimo de explotación. Por eso defiendo las jornadas 4x3 de 10 horas, modelo que se ha aprobado en varios países y que equilibra productividad, descanso adecuado y salarios justos.
El proyecto de 4x12 que hoy monopoliza la Asamblea va en sentido contrario: propone extenuar a las personas trabajadoras, sin garantizarles un salario adecuado por su esfuerzo y sacrificio. Se les exige más, se les desgasta más, pero se les paga menos de lo que corresponde a su trabajo.
Esa inequidad no solo erosiona la justicia laboral, también debilita la economía nacional, porque trabajadores mal pagados son familias que consumen menos, que viven con más angustia y con menos oportunidades.
La discusión de fondo es clara: ¿queremos una Costa Rica competitiva a costa de la dignidad de su gente, o una Costa Rica que avance con justicia social? La ratificación del Convenio 190 nos da la respuesta: el país quiere avanzar protegiendo derechos, no eliminándolos.
La Asamblea Legislativa no puede seguir atrapada en una discusión interminable, mientras los problemas urgentes de seguridad, salud y educación quedan rezagados. Nuestra responsabilidad es priorizar, y la prioridad del país hoy es proteger a sus ciudadanos, reforzar la confianza social y generar esperanza en el futuro.
La ratificación del Convenio 190 es una buena noticia, pero también una advertencia: nos recuerda que no se puede legislar en contra de la dignidad laboral. En esa misma línea, debemos replantear el debate de las jornadas. El país necesita avanzar hacia un modelo moderno, competitivo y justo: las jornadas 4x3 de 10 horas, con salarios justos y respeto por la salud de las personas trabajadoras.
Costa Rica merece que legislemos con visión de futuro, no con parches improvisados. Modernidad sí, pero con derechos.
Montserrat Ruiz Guevara es diputada de la República.
