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La gravedad de las denuncias en el Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, exige una investigación profunda, rigurosa y sin concesiones. Nadie –absolutamente nadie– debería oponerse a que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. Pero en medio de este proceso, un elemento revelado por el medio digital CRHoy este 7 de abril obliga a detenernos, analizar y, sobre todo, cuestionar.
La nota señala textualmente: “Las autoridades también informaron que coordinaron acciones con instancias externas, entre ellas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)”.
Ahí está el punto. La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) no es un órgano de investigación administrativa, ni judicial, ni disciplinaria. No fue creada para intervenir en hospitales, ni para formar parte de procesos internos en instituciones públicas. Es un órgano de inteligencia estratégica, adscrito al Poder Ejecutivo, cuya función es asesorar en materia de seguridad nacional. Su naturaleza es excepcional. Su alcance, delicado. Su uso, necesariamente restringido.
Por eso, su presencia en este caso no solo es inusual: es profundamente inquietante.
Porque cuando un órgano de inteligencia aparece donde no le corresponde, el problema no es únicamente jurídico. Es político. Es institucional. Y, sobre todo, es democrático.
Costa Rica no carece de instituciones competentes para investigar este tipo de denuncias. El Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público existen precisamente para eso, con controles, límites y garantías que sostienen el debido proceso. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué hace la DIS en este escenario?
No basta con hablar de “coordinación”. Ese término, tan amplio como ambiguo, no puede convertirse en una puerta abierta para desdibujar funciones que han sido cuidadosamente delimitadas por el ordenamiento jurídico.
Porque el verdadero riesgo no está en lo que se hace hoy, sino en lo que se normaliza para mañana.
Hoy se involucra la DIS en un hospital. Mañana podría ser en otra institución. Luego, en conflictos sociales. Después, en espacios donde la línea entre seguridad y control comienza a volverse peligrosamente difusa.
Y cuando esa línea se borra, la historia ha sido clara: lo que sigue no es más seguridad, sino menos libertad.
No se trata de alarmismo. Se trata de memoria institucional.
Los aparatos de inteligencia, por su propia naturaleza, operan con niveles de reserva que no tienen otros órganos del Estado. Por eso, su uso indebido –aunque sea bajo justificaciones aparentemente legítimas– puede abrir la puerta a prácticas que una democracia no puede permitirse tolerar: vigilancia indebida, presión institucional o, en el peor de los escenarios, persecución.
No hay democracia sólida cuando la inteligencia comienza a sustituir a la institucionalidad ordinaria.
Y aquí hay un punto aún más delicado: la DIS responde directamente al Poder Ejecutivo. No es un órgano independiente. Sus actuaciones, por tanto, están inevitablemente vinculadas al poder político de turno. Introducirla en espacios que no le corresponden no solo es un desvío funcional, sino un riesgo de concentración de poder en ámbitos donde deberían prevalecer la independencia y la legalidad estricta.
Esto debe decirse sin rodeos: no todo lo que se puede hacer se debe hacer.
Investigar, sí. A fondo, sin excusas y hasta las últimas consecuencias. Pero con los actores correctos, bajo las reglas correctas y dentro de los límites que garantizan que el poder no se desborde.
Porque cuando esos límites se cruzan, aunque sea una vez, dejan de ser límites. Y cuando la inteligencia deja de tener fronteras, lo que sigue no es orden: es poder sin control. Y cuando el poder deja de tener límites, la democracia empieza a perderlos también.
romacruz05@gmail.com
Rodolfo Manuel Cruz Morales es exagente de seguridad presidencial del Ministerio de la Presidencia y exoficial jubilado del Ministerio de Seguridad Pública.
