Indicadores de resiliencia, tales como liderazgo político, gobernanza, transparencia gubernamental, rendición de cuentas, legislación atinente al problema criminal y la interacción con actores no estatales, evitaban que el crimen organizado se instalara y avanzara.
Pero en ambientes muy polarizados, donde el común denominador es la capitalización política, sin esfuerzos interinstitucionales, incluso no gubernamentales y sectoriales para combatir y prevenir el fenómeno, los criminales encuentran espacios para integrarse al Estado.
Una política criminal debiera incorporar por lo menos la presentación de un proyecto para reformar la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, ya que la razón de ser del mercado del tráfico de drogas es el capital y, por ende, su legitimación.
Hablemos entonces de propuestas para una eficaz prevención de la legitimación de capitales. Un ejemplo puntual es el de los proveedores de servicios de activos virtuales, ya que las organizaciones criminales utilizan actualmente criptomonedas para cobrar por fraudes, secuestros y extorsiones.
Además, urge fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, especialmente la regulación de personas expuestas políticamente, para combatir la corrupción y ajustar las brechas de cumplimiento a escala internacional.
También, que todos los sectores se adhieran a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, dado que, según el último informe sobre las tipologías de la UIF, muestran movimientos de dinero en efectivo sin justificar su origen.
Es necesaria la regulación de la circulación de mercancías de alto valor, como el oro, y el fortalecimiento del régimen sancionatorio, entre otros elementos, para ajustarlos a fin de repeler la criminalidad organizada cuyos recursos son ilimitados para corromper y operar en todo el territorio.
La violencia moderna, frontal entre pandillas criollas, operativizando el control del narcotráfico nacional y sirviendo al crimen organizado transnacional para reexportar cocaína hacia Estados Unidos, Europa y Asia, es lo que vemos, pero más allá está el gran capital.
Habría que decir también que la seguridad ciudadana no es asunto de más policías y armas por metro cuadrado, claro que es urgente dotar a las autoridades de equipos de primer nivel; sin embargo, es sobre todo un problema de la mala administración de recursos e impuestos que fueron creados para ese fin.
De más está decir que países vecinos tienen a sus respectivos cuerpos de policía e incluso ejércitos en las calles, casi como en una guerra en la “lucha contra las drogas”, sin resultado.
La gran pregunta es quiénes van a comprometerse con las respuestas, en lugar de continuar señalando y vociferando. En otras palabras, significa dar espacio a otros liderazgos, personas que sí tienen el conocimiento y pueden trabajar por el bien de Costa Rica, más allá de banderas políticas.
Si algo he notado en esta crisis, es que pululan los expertos, los dueños de la verdad absoluta, que no solo no pasan de los señalamientos, los diagnósticos, las entrevistas, los gráficos e incluso los conteos de homicidios dolosos, y deshumanizan la crisis y vuelven normal la violencia. Por ello, son corresponsables de la metástasis.
taniamolina@tmrcr.com
La autora es consultora en criminología y seguridad, tiene una especialidad en crimen organizado y redes ilícitas en las Américas por el Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry con sede en Washington.
