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Hace unos días, se conoció una noticia que debería abrir una conversación seria sobre la capacidad tecnológica del sistema de justicia costarricense.
Según reportes de prensa sobre el caso Coopeservidores, el Ministerio Público habría indicado que enfrenta limitaciones para respaldar y procesar cerca de 16 terabytes de información provenientes de dispositivos electrónicos decomisados, y que el análisis completo de ese volumen de datos podría tomar hasta 12 años bajo las condiciones actuales. Incluso se mencionó que podría ser necesario priorizar ciertos dispositivos o fuentes de información, con el riesgo de que parte del material incautado no pueda analizarse oportunamente.
Más allá del caso específico, el hecho plantea una pregunta inevitable: ¿cómo se prepara una institución clave del Estado para gestionar evidencia en una era en que prácticamente toda investigación compleja pasa por datos electrónicos?
Más que el dato técnico en sí, lo que debería preocuparnos es el paradigma mental que puede reflejar afirmaciones de este tipo, que escuchamos de parte del Estado en sus distintos niveles y espacios.
En Costa Rica, pareciera que nos hemos acostumbrado a decir, escuchar y aceptar frases como “no se puede”, “no tenemos cómo” o “eso tomaría años”, incluso cuando se trata de temas tan sensibles como la gestión de evidencia en procesos judiciales. Cuando ese tipo de afirmaciones se normaliza, el problema deja de ser únicamente tecnológico o presupuestario: se vuelve cultural.
La discusión real no es si algo es difícil o cuánto cuesta. La discusión es si aceptamos que la justicia del siglo XXI opere con capacidades del siglo XX, cuando hoy la evidencia digital se ha convertido en el núcleo de muchas, por no decir todas, las investigaciones.
La discusión real es si estamos por aceptar un sistema que no pueda cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida por desactualización tecnológica.
La evidencia digital ya no es simplemente un “archivo grande”. Es un ecosistema de dispositivos, cuentas, mensajes, transacciones y metadatos que requiere infraestructura, procesos claros y equipos humanos apoyados por herramientas adecuadas, donde 16 terabytes, o 500, debe ser algo totalmente manejable.
Hoy existen tecnologías capaces de ordenar, indexar y analizar grandes volúmenes de información sin comprometer la integridad del proceso. En sectores como la banca, la ciberseguridad o la investigación corporativa, estas herramientas se utilizan diariamente para procesar grandes conjuntos de datos y permitir que los equipos humanos se concentren en lo realmente relevante.
Además, hoy es técnicamente posible incorporar herramientas de inteligencia artificial (tanto predictiva como generativa), incluyendo modelos cerrados, para acelerar procesos como la transcripción, extracción de texto, indexación y priorización de grandes volúmenes de evidencia digital multiformato y multimodal.
En contextos sensibles como investigaciones judiciales, también es esencial garantizar altos estándares de seguridad, privacidad y acceso restringido a los datos, evitando exposiciones que podrían producirse al utilizar modelos comerciales abiertos o servicios externos no diseñados para manejar información confidencial. Este enfoque ya se aplica en procesos de revisión documental en Estados Unidos, el Reino Unido y en los Países Bajos.
El diseño y uso de estas soluciones es compatible con las exigencias y requerimientos de procesos judiciales, permitiendo preservar intacto el original, mantener la cadena de custodia, documentar versiones y parámetros, y validar los métodos mediante controles de calidad y verificación independiente.
El punto, entonces, no es únicamente técnico: es institucional.
Prepararse para gestionar evidencia digital no es un lujo tecnológico, sino una capacidad estratégica del Estado en un mundo donde los datos forman parte central de casi cualquier investigación.
Mientras el Estado no se actualice, el crimen organizado sí lo hace y aprovecha estas lagunas para tomar ventaja.
Como presidente de Camtic, pienso que este es un espacio donde el país puede apoyarse en su propio ecosistema tecnológico. En Camtic contamos con empresas y especialistas con amplia experiencia en manejo seguro de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Desde el sector tecnológico, estamos en disposición de colaborar con el Poder Judicial, si así se considera oportuno, en la exploración de buenas prácticas y soluciones que fortalezcan la capacidad institucional para gestionar evidencia digital en la justicia moderna.
Adolfo Cruz Luthmer es presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).
