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Costa Rica no tiene solo un problema de presas. Tiene un modelo institucional y operativo que sigue obligando diariamente a miles de personas a desplazarse hacia centros de trabajo y trámites concentrados, especialmente en San José, bajo una lógica de presencia física que cada vez responde menos a la realidad del trabajo actual.
El cantón de San José ha sido históricamente el principal receptor laboral del país, con cerca de 175.000 desplazamientos diarios por trabajo, según datos del INEC. Ministerios, instituciones autónomas, banca estatal, empresas privadas y servicios asociados continúan atrayendo trabajadores desde cantones periféricos y provincias completas hacia la capital.
Pero el impacto no termina en los empleados. Miles de ciudadanos también deben desplazarse para realizar trámites presenciales, entregar documentos, validar procesos o recibir atención física que, en muchos casos, podría resolverse digitalmente. Cada trámite presencial implica más vehículos, más tiempo perdido y más presión sobre la infraestructura vial. El resultado es un sistema que sigue trasladando personas en vez de trasladar funciones.
Cada mañana, miles de personas invierten horas en desplazamientos que muchas veces no agregan valor productivo real. Ese tiempo perdido se traduce en fatiga, menor productividad, deterioro de la salud, menos tiempo familiar y una reducción directa en la calidad de vida. La presa no es solo un problema vial. Es un problema de diseño institucional, urbano y laboral.
El impacto económico es enorme. El Programa Estado de la Nación ha estimado que la congestión vial le cuesta al país cerca del 4% del PIB. Utilizando como referencia la proyección del Banco Central para el PIB 2025, esto equivaldría aproximadamente a ¢2 billones anuales, o más de ¢5.600 millones diarios asociados a tiempo perdido, combustible, desgaste vehicular, ineficiencia logística y productividad desperdiciada (estimación empírica basada en datos nacionales de congestión, no atribuible exclusivamente al empleo presencial).
El impacto ambiental tampoco es menor. El transporte representa una de las principales fuentes de emisiones del país. Estudios nacionales e internacionales ubican al sector transporte como responsable de entre el 40% y el 65% de las emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero de Costa Rica, agravadas por flotas envejecidas, concentración de viajes y saturación vial.
Pero uno de los costos menos visibles es el inmobiliario y operativo. Cada edificio institucional o corporativo implica electricidad, climatización, agua, limpieza, mantenimiento, seguridad, parqueos, elevadores, mobiliario y depreciación física del activo. A esto se suma el costo indirecto sobre el mercado inmobiliario: alquileres elevados en zonas específicas, concentración de demanda y presión para construir más infraestructura física.
La lógica tradicional asumía que reunir personas físicamente era indispensable para producir. Hoy esa premisa se debilita aceleradamente.
El sector público concentra una parte importante de la movilidad diaria, pero el sector privado reproduce la misma estructura. Miles de empresas mantienen esquemas presenciales completos aun cuando muchas funciones administrativas, financieras, comerciales o técnicas ya pueden ejecutarse de forma híbrida, remota o automatizada.
Algunas instituciones ya han demostrado el potencial de cambio. Aresep reportó reducciones cercanas al 50% en costos y áreas alquiladas gracias a esquemas híbridos de trabajo. Ese dato evidencia que una parte importante del gasto operativo institucional no era indispensable.
La discusión de fondo no debería limitarse al teletrabajo. El verdadero debate es cuánto del modelo urbano, vial, inmobiliario y operativo actual existe únicamente para sostener desplazamientos que la tecnología ya volvió opcionales.
Esto se vuelve aún más relevante en un contexto donde la inteligencia artificial (IA) y la automatización están transformando el empleo a nivel global. Mientras muchas funciones administrativas y operativas tienden a simplificarse, automatizarse o reducirse, Costa Rica sigue operando bajo una lógica centrada en abrir más espacios físicos, mantener estructuras rígidas y movilizar diariamente miles de personas.
Por su escala y capacidad de influencia, el sector público puede convertirse en la punta de lanza de esta transformación. Cuando el Gobierno impulsa digitalización, automatización, descentralización y reducción de desplazamientos innecesarios, el sector privado inevitablemente acelera en la misma dirección.
Costa Rica no necesita únicamente mejores carreteras. Necesita dejar de obligar a miles de personas a utilizarlas todos los días.
rsolis@ua.co.cr
Rafael Solís C. es arquitecto.
