Costa Rica cuenta con una exitosa estrategia de atracción de inversión extranjera y empresas de renombre mundial la han escogido para establecer sus operaciones aquí.
Los beneficios y oportunidades, lamentablemente, no se han distribuido de manera equitativa y están concentrados, en mayor medida, en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Por eso, debemos celebrar la aprobación de la Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la GAM, porque se ocupa de los lugares que sufren con mayor dureza los embates del desempleo y la pobreza.
La ley no solo refuerza el mensaje de que Costa Rica apuesta vigorosamente por la inversión y la recibe con los brazos abiertos, sino también subraya que lo quiere hacer con reglas claras, transparencia y seguridad jurídica para nacionales y extranjeros.
La ley profundiza los incentivos que otorga el régimen de zonas francas al resto del país y crea tres nuevas categorías de empresas que pueden beneficiarse de él fuera de la GAM: centros de salud humana, parques sostenibles de aventura y proveedores de insumos destinados a otras empresas en zonas francas, en por lo menos un 40% de su producción.
Lejos de ser un esfuerzo para reactivar la inversión y la economía a tontas y a locas, es un buen diseño de política pública, pensado para áreas de inversión alineadas al desarrollo que el país experimenta, y tiene ventajas competitivas.
Falta convertirla en letra viva redactando el reglamento cuanto antes para que los beneficios económicos lleguen pronto a las comunidades que más lo necesitan.
Es fundamental que los gobiernos locales faciliten el establecimiento de inversiones y que entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se aseguren de la combinación correcta entre el tipo de inversiones y las habilidades que deberán poseer los empleados.
También, es vital que el Ministerio de Trabajo facilite la adecuada puesta en funcionamiento de la educación dual y las iniciativas que promuevan la empleabilidad, así como que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) cree las avenidas de conectividad.
No vaya a ser que terminemos con la mayoría de los nuevos puestos de trabajo en manos de personas de la GAM.
El ejemplo de Singapur demuestra que la visión de unos cuantos y la ejecución de un plan estructurado, basado en un análisis de ventajas competitivas, tienen potencial para dar la vuelta al desarrollo económico y a la prosperidad de una nación.
En la década de los sesenta, cuando Singapur empezaba a dar sus primeros pasos de forma independiente, su líder, Lee Kwan Yew, estaba preocupado por el alto desempleo y, como yo, estaba convencido de que la mejor política social era el empleo, no solo porque produce ingresos para el trabajador, sino también porque lo empodera, lo dignifica y le permite sacar adelante a su familia.
Lee se preguntó qué podía hacer para atraer empresas hacia su incipiente país si sus ciudadanos no tenían mayor educación ni habilidades técnicas especiales.
Él y sus consejeros económicos identificaron las habilidades manuales para la manufactura de trabajos finos y de gran calidad, además de la asentada ética para el trabajo.
Con eso en mente, y habiendo establecido el adecuado marco legal, se dieron a la tarea de promover la inversión extranjera. Las primeras fueron fábricas de pelucas, accesorios para el cabello y flores plásticas, entre otras, es decir, algo que los singapurenses podían hacer combinando sus habilidades con un breve entrenamiento que los convertía, en muy corto plazo, en sujetos empleables.
El éxito de esas empresas atrajo a muchas otras que fueron transfiriendo conocimiento y tecnología y enriquecieron la trayectoria de Singapur.
Confío en que la nueva ley sea el primer paso de nuestro plan para garantizar infinidad de oportunidades a las personas que viven fuera de la GAM, y que haya empleos dignos y de calidad.
El autor es abogado, socio de Tactic Estudio Legal.
