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¿Sabía usted que buena parte de los medicamentos que millones de personas consumen cada mes –acetaminofén, ibuprofeno, diazepam, fluoxetina, ciprofloxacina, lidocaína, atorvastatina, losartán, loratadina– así como jeringas y sistemas intravenosos fabricados con polietileno, polipropileno y PVC, dependen de derivados del petróleo?
No es una curiosidad química. Es una advertencia económica.
En febrero de 2026, Costa Rica registró inflación negativa. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó de que el Índice de Precios al Consumidor cayó −0,22 % en el mes y acumuló −2,73 % interanual. El dato parecía confirmar estabilidad. Pero la estabilidad promedio no protege de vulnerabilidades estructurales.
Costa Rica no produce la mayoría de los medicamentos que consume; los importa. Y no en pequeñas cantidades: en 2024, el país importó aproximadamente $1.120 millones en productos farmacéuticos. Cada caja, cada ampolla, cada tableta recorrió una cadena global de producción y transporte.
Eso significa que nuestra salud depende de la geopolítica. Cuando el precio del petróleo sube por conflictos internacionales, tensiones en rutas estratégicas o decisiones de grandes productores, no solo aumenta el combustible. Se encarece el transporte marítimo, el seguro de carga, la logística portuaria, los insumos petroquímicos y, finalmente, el medicamento.
No es ideología. Es estructura de costos.
Algunos celebran que Costa Rica sea potencia exportadora en dispositivos médicos. Es cierto: el sector lidera las exportaciones según el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). Pero exportar equipo sofisticado no equivale a garantizar acceso interno a medicamentos esenciales. No producimos masivamente los tratamientos crónicos que miles de personas necesitamos todos los días.
Esa es la contradicción. Somos una economía abierta, pequeña y altamente dependiente de cadenas globales. Cuando el entorno internacional se tensiona, el impacto se traslada con rapidez. Y si el mercado interno ya presenta cuestionamientos sobre competencia y márgenes de intermediación, la presión externa no se diluye: se amplifica.
La próxima crisis petrolera no será una sorpresa. Será una factura.
Podremos tener inflación negativa en el índice general, pero eso no impedirá que una familia pague más por un antihipertensivo, un antibiótico o un inhalador. El promedio macroeconómico no paga la receta.
La pregunta incómoda es esta: ¿estamos preparados? Porque depender casi totalmente de importaciones estratégicas sin reservas suficientes, sin diversificación robusta de proveedores y sin transparencia plena en la formación de precios no es neutral. Es una decisión política, aunque no se reconozca como tal.
La seguridad sanitaria no puede dejarse al vaivén del mercado energético internacional. No puede confiar únicamente en que “el mercado se ajuste”. Cuando se trata de medicamentos, el ajuste lo sufre el paciente.
Si queremos evitar que la próxima tensión internacional se traduzca en recetas más caras, al menos cuatro decisiones no deberían seguir postergándose: crear reservas estratégicas reales de medicamentos esenciales, fortalecer compras públicas consolidadas, promover agresivamente genéricos de calidad, y transparentar los márgenes de distribución.
Nada de esto es radical; es prudencia.
La geopolítica energética no es un debate lejano entre potencias. Se traduce en el precio de una pastilla que controla la presión, en el antibiótico que trata una infección o en el anestésico que permite una cirugía segura.
Cuando el petróleo sube, no solo se mueve el mercado. Se mueve la salud de las personas. Y si no entendemos esa conexión a tiempo, la próxima crisis no se medirá en puntos porcentuales de inflación. Se medirá en quién puede pagar su tratamiento y quién no.
Jaime E. García González es profesor catedrático jubilado de UCR y UNED, y miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
