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Costa Rica ha sido reconocida históricamente como una democracia sólida, construida no solo sobre instituciones fuertes, sino sobre una ciudadanía activa, comprometida y libre. El derecho al voto es una de las expresiones más claras de esa participación: un derecho conquistado, pero también una responsabilidad que no debe ejercerse de manera automática ni indiferente. Votar es, ante todo, un acto de conciencia y de compromiso con el presente y el futuro del país.
La democracia no se agota el día de las elecciones. Se fortalece cuando las personas se informan, analizan las diferentes propuestas, cuestionan los discursos de odio, división o demagogia, y exigen la correcta rendición de cuentas. Cuando el abstencionismo crece, no solo disminuye la participación electoral; se debilita también la legitimidad de las decisiones públicas y se amplía la distancia entre la ciudadanía y quienes toman las decisiones en su nombre. Una democracia robusta necesita de ciudadanos activos, críticos y dispuestos a involucrarse.
En ese ejercicio democrático hay asuntos que no pueden quedar relegados ni abordarse únicamente desde una lógica técnica o financiera. Uno de ellos es el derecho a una pensión digna. Las pensiones no son un privilegio ni una carga para el Estado: son el resultado de décadas de trabajo, de aportes realizados de forma constante y de un pacto social que reconoce la vejez como una etapa de la vida que merece seguridad, estabilidad y respeto.
Hablar de pensiones dignas es hablar de justicia social, de solidaridad intergeneracional y de visión de largo plazo. También es reconocer que los sistemas de pensiones están profundamente ligados a las decisiones económicas, fiscales, laborales y, por supuesto, sociales que se toman desde el poder político. Por eso, excluir este tema tan importante del debate electoral o reducirlo a consignas simplistas es una forma de debilitar la democracia.
La responsabilidad ciudadana no termina en depositar una papeleta en las urnas. Implica exigir a los partidos políticos y a quienes aspiran a cargos de elección popular propuestas serias, sostenibles y técnicamente responsables en materia de pensiones. Conlleva rechazar discursos basados en el miedo, la desinformación o la falsa dicotomía entre la sostenibilidad financiera y la dignidad humana. Nuestro país puede y debe aspirar a ambas.
Incorporar el tema de las pensiones dignas como un eje central de la agenda política es una tarea colectiva. Requiere que la ciudadanía esté informada, de que los medios de comunicación se comprometan con el análisis riguroso y que los liderazgos políticos tengan la disposición de asumir decisiones responsables, aunque no siempre sean populares. Las soluciones fáciles suelen ser también las más costosas a largo plazo.
Defender la democracia es participar; participar es votar con conciencia; y votar con conciencia es entender que en cada elección se define el tipo de país que queremos construir. Un país que honra el trabajo de su gente, que protege a quienes han dedicado su vida al desarrollo nacional y que entiende que una vejez digna no es una concesión, sino un derecho en un país más justo y solidario. Porque una democracia que no garantiza condiciones de dignidad para sus personas adultas mayores será, inevitablemente, una democracia incompleta y una condena a la pobreza en la vejez.
La democracia se construye con cada voto informado y responsable. Este próximo 1.º de febrero, salgamos a las urnas con la convicción de que nuestro voto puede marcar la diferencia. Votemos con conciencia, pensando en el país que queremos y en la dignidad que merecen todas las personas. ¡Participemos y hagamos valer nuestra voz por un futuro más justo y solidario!
Carlos Arias Alvarado es director ejecutivo de Jupema.
