EscucharTodos lo jugamos de niños; bueno, los que nacimos antes de los setenta. Dos se pasan la bola y el del medio corre de un lado a otro tratando de atraparla. Al del medio le dicen “el mono”. El juego no termina cuando el mono se cansa; termina cuando los otros dos se aburren.
Hoy el mono es el cotizante del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El 7 de octubre, este diario informó de que la Caja llevará a una mesa de diálogo 20 propuestas para “fortalecer” el IVM: bajar la tasa de reemplazo a entre 40% y 43% del salario, subir de 300 a 360 las cuotas para jubilarse y cobrarle al pensionado el 5% del seguro de salud. Es decir: trabajar más, aportar más y recibir menos.
Puede que alguna de esas medidas sea necesaria. El problema es otro: nadie puede saberlo todavía. Veamos los pases de la bola.
Primer pase: la propuesta llega antes que el diagnóstico
El 17 de agosto, la Dirección Actuarial de la Caja respondió por escrito que la valuación del IVM con corte a diciembre de 2025 “se encuentra en proceso de elaboración” y que se presentará “a más tardar en el mes de diciembre”. Se discute la receta antes de tener el examen.
Segundo pase: las decisiones no se pueden leer
Al 8 de octubre, la última acta publicada de la Junta Directiva es la del 20 de agosto. El cotizante, que es el dueño del fondo, se entera por el periódico de lo que se decide sobre su dinero, y siete semanas tarde.
Tercer pase: al deudor grande no se le pasa la bola
Según los estados financieros de la Caja a junio de 2025, el Estado le debe ¢4.46 billones, y el 99,98% no tiene acuerdo de pago. Para 2027, Hacienda presupuestó para el IVM ¢29.930 millones menos de lo que la Caja calcula necesario. Las 20 propuestas le piden el sacrificio al cotizante y al pensionado. Al Estado, ponerse al día no se le exige con fecha. Y cuando un tribunal resuelve, la bola tampoco baja: el Estado fue condenado por no reglamentar a tiempo el aporte de las empresas públicas al IVM; la Sala Primera ratificó la condena, como informó este diario en mayo, y el monto aún no se ha liquidado.
Cuarto pase: el fiscalizador da seguimiento
La Contraloría ordenó a la Caja gestionar el cobro de esa deuda, con plazos que vencieron en 2025. Sus órdenes siguen “en proceso”. Hay seguimiento, pero todavía no hay consecuencias.
Quinto pase: la puerta de salida
Quien pregunta recibe una respuesta de competencia: no me corresponde. La Gerencia remite a la Junta; la Junta, a la mesa de diálogo; la mesa, a la Asamblea Legislativa. Cada respuesta es correcta en lo formal, y la suma de todas es que nadie decide. El mono corre de un lado al otro y la bola nunca baja.
No escribo contra la Caja: la necesitamos fuerte. Pero la responsabilidad tiene nombre institucional: la Junta Directiva, que fija las reglas; la Gerencia de Pensiones, que las propone, y la Dirección Actuarial, que debe medir antes de que se decida.
En 2017 hubo otra mesa de diálogo, con 33 propuestas; la mayoría no se implementó. Si esta mesa termina igual, con recortes a los cotizantes y sin cambios en la administración, habremos jugado otra ronda del mismo juego.
Hay un jugador que sí puede bajar la bola: la Asamblea Legislativa. Por ley, la Contraloría “deberá” realizar investigaciones especiales si lo piden los órganos parlamentarios o al menos cinco diputados, y el artículo 177 de la Constitución ordena presupuestar la totalidad de las cuotas del Estado. El Presupuesto 2027 se aprueba antes del 30 de noviembre: la Asamblea puede entrar al juego antes de que la mesa decida.
Al mono no se le gana corriendo más rápido, sino cambiando las reglas. Propongo tres, para adoptarlas antes de discutir un solo porcentaje:
1. Primero se cobra
Un plan de pago de la deuda del Estado con montos y fechas, firmado por Hacienda, y con el monto exacto fijado por la Contraloría a solicitud de la Asamblea.
2. Nadie cambia las reglas en la línea de llegada
Quien esté cerca de pensionarse debe poder elegir el cálculo más favorable entre la regla vieja y la nueva, como lo hizo España en 2023. No es un privilegio: es la diferencia entre ajustar un sistema y confiscar una expectativa.
3. Las actas, en ocho días
Lo que la Junta decide sobre el dinero de los trabajadores se publica en una semana, no en dos meses.
Ninguna de las tres le cuesta un colón. Todas cambian quién corre detrás de la bola.
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Walter Reiche Fischel es empresario y cotizante del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
