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En Costa Rica, la palabra “minería” cambia rápidamente la temperatura de una conversación. Basta mencionarla para que las posiciones se acomoden en extremos opuestos. Pero lo que ocurre hoy en Crucitas debería llevarnos a reflexionar más allá de la vieja discusión entre un “sí” o un “no” a la minería.
Es necesario detener el daño que continúa ocurriendo en ese territorio. Durante años, la extracción informal de oro ha removido suelos, desviado cauces y fragmentado bosques. El mercurio continúa siendo una de las principales preocupaciones ambientales en Crucitas y alrededores. Sin embargo, todavía falta un estudio exhaustivo que permita comprender la distribución y los riesgos asociados a sustancias utilizadas en la extracción de oro, incluido el cianuro.
Al mismo tiempo, los elevados precios del oro generan incentivos económicos muy difíciles de ignorar. Y eso deja una lección incómoda: prohibir una actividad también exige contar con la capacidad real de controlarla y fiscalizarla de manera sostenida. Cuando existen incentivos económicos tan significativos y capacidades limitadas de vigilancia territorial, mantener una prohibición difícilmente detendrá por sí sola el deterioro ambiental y social.
En ese contexto surge el expediente 24.717, que busca habilitar la minería metálica industrial en Cutris. Dado el respaldo político con que cuenta, todo indica que la iniciativa podría avanzar. Precisamente por eso, conviene discutir desde ahora algunos aspectos que sería importante fortalecer para asegurar mejores condiciones de remediación, seguimiento y control ambiental en la zona.
El primero tiene que ver con el alcance de la recuperación ambiental. El proyecto de ley establece obligaciones de rehabilitación para el concesionario, pero deja abierta una pregunta fundamental: ¿hasta dónde debería llegar esa recuperación frente al deterioro acumulado durante años de minería informal? Después de todo, estabilizar un área de explotación no es lo mismo que remediar un territorio que ya presentaba contaminación, alteraciones hidrológicas y pérdida de funciones ecológicas.
La segunda discusión se relaciona con el territorio que podría quedar fuera de la concesión. Todavía falta claridad sobre la extensión real de las áreas impactadas por minería informal en Crucitas, y algunas de las más degradadas podrían no coincidir con los sectores de interés para una eventual explotación industrial. El proyecto de ley asigna al Minae la elaboración de diagnósticos y planes de recuperación para esas áreas, lo que plantea una pregunta inevitable sobre las capacidades técnicas y los recursos financieros necesarios para sostener esfuerzos de remediación durante años o incluso décadas.
El tercer tema se vincula con los estándares ambientales y la capacidad real de fiscalizarlos. El proyecto de ley alude a “mejores prácticas internacionales”, pero deja abierta la discusión sobre cuáles deberían adoptarse y cómo garantizar su cumplimiento. Existen marcos ampliamente reconocidos en la minería internacional –como los estándares de desempeño de la IFC, IRMA o los estándares globales de manejo de relaves– que ofrecen referencias claras. Tan importante como adoptarlos sería contar con la capacidad institucional necesaria para aplicarlos y supervisarlos de manera efectiva.
Si el país decide avanzar con la minería metálica en Crucitas, la discusión debería centrarse en cómo convertir esa decisión en una oportunidad real de recuperación territorial y de generación de beneficios duraderos para la región y el país. Eso implicaría aprovechar este proceso para recuperar un territorio profundamente degradado y fortalecer capacidades ambientales e institucionales.
Precisamente por eso, la forma en que se definan los mecanismos de adjudicación será especialmente importante. El proyecto de ley contempla una subasta pública minera en la que el porcentaje de regalías ofrecido al Estado tendría un papel central en la evaluación de las ofertas, siempre que se cumplan los requisitos técnicos, legales y ambientales establecidos. El reto será asegurar que la recuperación del territorio ocupe un lugar tan visible y exigible como las variables económicas que se utilicen para seleccionar al concesionario.
Si estos temas se abordan con claridad desde ahora, la minería en Crucitas podría llegar a ser algo más que una actividad extractiva. Podría convertirse en una oportunidad para que la restauración del territorio deje de ser un objetivo secundario y se convierta en el eje alrededor del cual se articulen las decisiones sobre Crucitas.
emma@futurisconsulting.com
Emma Tristán es doctora en Geoquímica Ambiental y directora de la empresa Futuris Consulting.
