Escuchar
Cuando se habla de seguridad vial, el debate suele centrarse en campañas, multas o comportamientos individuales. Sin embargo, los datos oficiales del cierre de 2025 obligan a volver a una discusión más incómoda: el precio real que el país sigue pagando por normalizar la violencia vial.
En julio pasado advertí de que las muertes en carretera estaban operando como un motor silencioso de pobreza, una idea desarrollada en el artículo “Fatalidades invisibles: el motor de pobreza que se sigue acelerando en Costa Rica”. Hoy, las cifras oficiales confirman que aquella advertencia no fue exagerada, sino incompleta.
Según datos de la Policía de Tránsito, el año 2025 cerró con 561 personas fallecidas en el sitio del accidente, 56 más que en 2024. Se trata de un aumento cercano al 11%. Como ha ocurrido históricamente, esta cifra no representa el total real de víctimas mortales, pues no incluye a quienes fallecen días o semanas después a causa de las lesiones. El número final de muertes por tránsito, una vez consolidados los datos judiciales, volverá a ser considerablemente mayor.
Más allá del aumento, lo verdaderamente revelador es quiénes están muriendo. De las 561 personas fallecidas en sitio, 444 (un 79%) correspondían a usuarios vulnerables. La mitad de las víctimas fueron motociclistas (307 casos), seguidos por peatones (103) y ciclistas (34). Es decir, tres de cada cuatro personas que murieron en carretera no viajaban protegidas por una cabina, sino expuestas directamente al impacto.
Este patrón no es nuevo, pero sí cada vez más marcado. La tragedia vial se concentra en quienes se desplazan para trabajar, estudiar o subsistir, muchas veces en condiciones precarias y con menor margen de protección. No es casual que casi la mitad de las víctimas tuviera entre 21 y 40 años, es decir, se encontrara en plena edad productiva. Cada muerte en ese rango no solo corta una vida: corta décadas de ingresos futuros y deja hogares incompletos.
El tipo de accidente desmonta, además, la idea de lo excepcional. Más de la mitad de las muertes ocurrió en colisiones, un 16% en atropellos y un 12% en salidas de vía. Son escenarios cotidianos del tránsito diario, no eventos extraordinarios ni imprevisibles. A esto se suma una concentración clara en horarios críticos: la noche y la madrugada, cuando confluyen cansancio, velocidad, consumo de alcohol y menor fiscalización.
Las consecuencias de esta realidad no se agotan en el drama humano. También tienen un impacto económico profundo, pocas veces incorporado al debate público. Estudios nacionales de la Universidad de Costa Rica han estimado que las muertes en carretera generan una enorme pérdida por años potenciales de vida productiva truncados, a lo que se suman indemnizaciones, atención médica, costos de emergencia y cargas crecientes para el sistema de salud.
Si se toma un cálculo conservador, basado únicamente en la pérdida de productividad estimada y la cobertura básica del seguro obligatorio, cada muerte puede representar alrededor de ¢30 millones. Bajo ese escenario mínimo, las 561 muertes en sitio de 2025 implican un impacto económico superior a los ¢16.800 millones.
Estas cifras no pretenden ponerle precio a la vida humana. Pretenden dimensionar una realidad que suele permanecer fuera del foco: la inseguridad vial no solo mata personas; empobrece al país. Drena recursos públicos, debilita hogares, aumenta la presión sobre la seguridad social y perpetúa ciclos de vulnerabilidad que rara vez se visibilizan.
El 2025, lejos de marcar un punto de inflexión, confirmó una tendencia preocupante: más muertes, mayor concentración en usuarios vulnerables y un golpe directo a la población joven y productiva. La seguridad vial sigue tratándose como un tema secundario, aunque sus efectos se miden en vidas truncadas, familias desestructuradas y miles de millones que el país pierde cada año.
Las muertes en carretera siguen teniendo un precio alto. Lo que sigue pendiente es decidir, como sociedad, si estamos dispuestos a seguir pagándolo.
barqueroa77@gmail.com
Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.
