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En los últimos días, el país ha sido testigo de uno de los operativos más firmes contra el crimen organizado en nuestra historia reciente: decenas de detenciones, más de sesenta allanamientos y una investigación que se extiende por varias provincias.
El trabajo de la Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial merece reconocimiento. Investigar durante años, identificar estructuras, documentar rutas, coordinar recursos y detener sospechosos no es tarea sencilla. Ese esfuerzo debe aplaudirse.
Sin embargo, la forma en que la operación ha sido nombrada y difundida en redes, titulares de prensa y conversaciones públicas ha generado un daño que no es menor. A esta organización se le ha llamado, con sorprendente facilidad, el “cartel del Caribe Sur”, como si el delito tuviera una identidad geográfica absoluta y como si toda una comunidad fuera responsable de los hechos cometidos por personas específicas.
Quienes vivimos en el Caribe Sur sabemos que este territorio es mucho más que la imagen rápida de un titular. Aquí habitamos familias trabajadoras, comunidades indígenas, emprendedores, pescadores, agricultores, líderes comunales, pequeños hoteleros, guías turísticos, chefs, artistas y niños que crecen entre la naturaleza, diversidad cultural y una comunidad solidaria. Cada fin de semana, miles de costarricenses vienen aquí buscando descanso, el sabor afrocaribeño, mar y vida. Esa es nuestra esencia real.
Cuando se usa el nombre “cartel del Caribe Sur” se está enviando un mensaje implícito y peligroso: que toda la zona es un enclave narco; que sus pobladores son cómplices; que aquí la violencia es la regla y no la excepción. Y eso es falso.
La investigación judicial no se refiere a toda la región. Habla de personas, roles, rutas y propiedades concretas. No son los pueblos del Caribe Sur los que están acusados; son individuos con nombres y apellidos que, como toda persona señalada en nuestro sistema democrático, deberán enfrentar un debido proceso.
La causa incluso tiene un nombre procesal formal –caso Traición– que podría haberse utilizado desde el principio, evitando así involucrar y estigmatizar a miles de ciudadanos ajenos a los hechos.
En el Atlántico sur vivimos en buena parte del turismo. Un rótulo así corre como pólvora: en redes, en foros de viajeros, en buscadores. Y lo hace sin contexto, sin matices, sin aclaraciones. Un turista que escucha “cartel del Caribe Sur” no distingue entre una investigación judicial puntual y una comunidad entera. Lo que escucha es: “ese lugar es peligroso”. Y una percepción así, una vez instalada, cuesta años revertirla.
Por ende, un título como este genera mala reputación que, como consecuencia, afecta la economía local.
Nombrar una comunidad como sinónimo de delito crea una fractura entre las instituciones y la ciudadanía, hace que se pierda la confianza. Una comunidad estigmatizada no es aliada natural de los esfuerzos de seguridad: se siente señalada, no escuchada.
En este caso no se hace justicia, porque la justicia es, ante todo, precisión: señalar a quien corresponde, con responsabilidad y con pruebas. Generalizar es lo contrario.
No nos llamen “cartel”. Llamen a las cosas por su nombre: crimen organizado con responsables identificados, sometidos al debido proceso.
Seguiremos defendiendo nuestra dignidad, la diversidad cultural, la identidad afrocaribeña e indígena. Aquí hay quienes madrugamos, trabajamos, sembramos, atendemos, cuidamos y luchamos. Aquí hay más vida que violencia.
marcelamatarrita@gmail.com
Marcela Matarrita es relacionista pública y vecina de Puerto Viejo de Talamanca.
