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¡No más Ottones!

La Sala Constitucional, la Procuraduría General y la Procuraduría de la Ética Pública se han pronunciado sobre este tipo de designaciones

El 6 de julio los costarricenses nos enteramos de la noticia del nombramiento de Ottón Solís Fallas representante ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), información que propició una discusión nacional acerca de la pertinencia de colocar a personas de confianza del presidente en puestos de esta naturaleza. Esto llevó a la «renuncia» de Solís el día 14 de julio.

Los diferentes actores, entre estos el ministro de Comercio Exterior, exministros de la misma rama de administraciones anteriores y la mayoría de los diputados analizaron y se pronunciaron sobre la conveniencia de los nombramientos políticos.

En la moción firmada por los legisladores cabe resaltar el punto 9: las personas que ocupan cargos en el extranjero pasan por un período de acomodo, adaptación, ubicación y aprendizaje de las funciones y a eso se suma el tiempo de desplazamiento al destino final. Lo anterior —dice la moción— da como resultado un lapso de ocho meses en el ejercicio de las funciones, lo cual significa para el Estado costarricense un innecesario gasto en el traslado del funcionario y su familia con cargo al presupuesto nacional.

Todo lo anterior lleva a discutir y analizar, y ojalá hasta a tomar decisiones, sobre lo imperativo y conveniente que es para Costa Rica invertir en el servicio exterior, y dejar atrás la mala práctica de los nombramientos políticos, los cuales son efímeros y la mayor parte de las veces enfocados en aspiraciones personales.

La Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública se han pronunciado en reiteradas ocasiones sobre este tipo de designaciones, que deberían de ser la excepción y no la regla.

Cosas obvias que no queremos ver. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Ottón Solís Fallas y los nombramientos que vivimos cada cuatro años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se designan, como mínimo, 30 Ottones? La respuesta es sencilla: no existe ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué estos otros nombramientos sí se consienten?

Mucho se ha discutido sobre la necesidad de reformar la ley del Estatuto del Servicio Exterior de la República (número 3530 del 5 de agosto de 1965); sin embargo, la realidad es que, si nuestros gobernantes no hubieran elegido gastar en prestaciones, traslado de menaje y tiquetes aéreos de políticos designados para estos cargos, y sí en la inversión que debiera hacer el Estado en nuestras misiones en el exterior, en el personal para atender a nuestros connacionales y en las condiciones de vida de los funcionarios diplomáticos, Costa Rica tendría hoy un servicio exterior robusto.

Por ejemplo, en la administración Solís Rivera, el monto asignado a remuneraciones en el presupuesto del 2018 ascendía a ¢17.223 millones, según información que consta en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Presupuesto Nacional. El documento cita que el aumento de un 6,4 % con respecto al del 2017 se debió a la necesidad de trasladar a Costa Rica a 211 funcionarios en año electoral.

Las cosas pueden hacerse bien con la ley vigente, es cuestión de voluntad política, y es aquí donde hago un llamado vehemente a todos los candidatos que aspiran a la presidencia de la República para que piensen en Costa Rica e inviertan en el servicio exterior. No es una decisión fácil, pero sí la decisión correcta.

Transparencia en la función pública. La Constitución Política, en el artículo 147, inciso 3, faculta al presidente y al Consejo de Gobierno para nombrar y remover a los representantes diplomáticos de la República. Lo anterior no los exime del deber de cumplimiento de otras normas, como lo son el deber de probidad, el interés público, los principios éticos y la transparencia.

Hoy se demandan características que van más allá de la idoneidad, la confianza, ser amigo del presidente o ser parte de un partido político.

La diplomacia moderna precisa capacitación, formación, especialización, preparación para sentarse a la mesa de negociaciones con sus pares diplomáticos, quienes saben diferenciar a un diplomático de carrera con trayectoria de uno nombrado por afinidad política.

La diplomacia moderna requiere una priorización de capacidades y hojas de ruta con agendas y objetivos claros por cumplir en el período de estancia en el país al cual sea enviada la persona, con réditos claros para Costa Rica.

Costa Rica no está para seguir desperdiciando recursos; es más rentable invertir en el servicio exterior de la República, y que la meta sea una carrera diplomática profesionalizada al cien por ciento.

aarroyomora@gmail.com

Diplomática de carrera y exvicepresidenta de la Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera.