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En Alajuela, pareciera que cualquiera puede decidir cómo intervenir una calle. Los llamados “muertos” –o reductores de velocidad– han dejado de ser una medida de seguridad para convertirse, en muchos casos, en un problema más.
Los hay de todos los tamaños, alturas y grosores. Algunos parecen pequeños montículos improvisados; otros, verdaderos obstáculos que golpean violentamente la suspensión de los vehículos, incluso si se transita a baja velocidad. El problema no es el control de velocidad, que sin duda es necesario, sino la ausencia total de criterios técnicos y de supervisión.
Muchos de estos reductores no están pintados ni señalizados correctamente. De noche, bajo lluvia o en calles con poca iluminación, simplemente no se ven. El resultado no solo son daños mecánicos constantes en los carros, sino también el riesgo real de accidentes por frenazos bruscos, motociclistas que pierden el control o conductores que reaccionan tarde ante un obstáculo inesperado.
La pregunta es simple: ¿quién autoriza esto? ¿Quién supervisa que se construyan bajo normas mínimas de seguridad vial? Porque da la impresión de que hasta las calles han sido tomadas por la improvisación y por decisiones particulares sin control institucional.
Las vías públicas no pueden convertirse en territorios sin regulación. La seguridad vial requiere planificación, diseño técnico y responsabilidad. No se trata de eliminar los reductores de velocidad, sino de exigir que cumplan su función sin poner en peligro a quienes transitan.
Hoy, más que nunca, vale preguntarse: ¿quién se encarga de los “muertos”?
lilianamejiabotero@gmail.com
Liliana Mejía Botero es consultora.
