EscucharEl 11 de junio se cumplirán cinco años de haber entrado en vigor la Ley de Bienestar Animal, un gran esfuerzo del colectivo animalista que buscaba —en buena lid— combatir el maltrato y la muerte de estos seres vivos.
Transcurrido un quinquenio, la ley no ha logrado, ni por asomo, su objetivo, por el contrario, las acciones encaminadas a lastimar, causar dolor o acabar con la vida de los animales van en aumento. Lo esperable es la reacción de las entidades a las cuales se les encargó actuar: Senasa, Ministerio Público, OIJ y jueces penales.
Los denunciantes se han topado con trabas burocráticas, producto directo de la creación de una ley sin contenido presupuestario. Desde que era un bisoño proyecto que daba tumbos en la corriente legislativa se sabía que no había recursos para otorgar al Poder Judicial los fondos millonarios para capacitación de personal, contratación de funcionarios y compra de equipo especial para el tratamiento de los casos.
Era harto conocido que se requerirían especialistas en patología animal, es decir, era indispensable contratar veterinarios para efectuar valoraciones médico-legales de los animales lesionados y necropsias, y equipo especializado en el traslado de animales o para la atención durante la permanencia en las oficinas judiciales.
A pesar de las advertencias del Poder Judicial, los congresistas y la presidencia de la República aprobaron el proyecto, y la ley entró en vigor dejando “manos arriba” a las autoridades judiciales, quienes no supimos cómo reaccionar, sobre todo, los órganos de investigación.
Si revisamos los números oficiales del Ministerio Público, durante el 2017 ingresaron 30 casos, al año siguiente 69, en el 2019 se presentaron 298 y en el 2020 fueron 291 (Oficio N.° 632- 2022 del Consejo Superior del Poder Judicial).
Y aunque no cuento con los números oficiales, por las publicaciones de los principales medios de comunicación, es fácil concluir que los casos en la etapa de juicio son muy pocos, por ejemplo, el del perro Campeón en Atenas, al cual se le dio amplia cobertura periodística por ser el primero en Costa Rica y América Latina; posteriormente, la jueza Sonia Quintana dictó, en el Tribunal de Pavas, la primera condena por maltrato animal.
En lo que va del año, ya hubo una sentencia del Tribunal Penal de Alajuela por la mutilación de una extremidad al perro de nombre Negro, y la primera condena por muerte animal, de la perrita llamada Jazmín (está en apelación).
El caso del gatito que fue lanzado desde una altura de unos 30 metros en un edificio de apartamentos tuvo amplísima cobertura, y este año se celebrará el juicio.
Como se puede concluir, son pocos los casos conocidos que han llegado a la fase de sentencia durante estos cinco años, y son muchos los denunciados ante las autoridades judiciales, lo cual revela que se están quedando en el camino.
Las razones sobran, pero principalmente la inexistencia de medios económicos para realizar una adecuada investigación y obtener la prueba suficiente para la acusación. Algunas universidades públicas y privadas ofrecen cierta cantidad de necropsias gratis al OIJ y la Fiscalía, pero no es suficiente para atender la gran cantidad de denuncias, por ende, debemos actuar y lograr que los recursos sean provistos y que la ley sea aplicada con los máximos estándares probatorios, lo que quiere decir que el OIJ y la Fiscalía deben contar con los medios científicos, tecnológicos y médicos para hacer las investigaciones y recolectar de forma sana y adecuada las pruebas.
Debemos remar juntos para encontrar la solución al problema. Requerirá sacrificio del Poder Judicial, y la Asamblea Legislativa debería enmendar el error para así establecer en la ley los mecanismos para su ejecución completa, sin dilaciones y, primordialmente, sin excusas.
Una de las soluciones cómodas sería la creación de nuevos impuestos, pero iría en detrimento de la ciudadanía, por eso, la solución conlleva una cuota de sacrificio del Poder Judicial y el Estado en general, a través de un mejoramiento de la administración de los recursos para hacer más con menos.
Como ejemplo, Colombia inaugurará dentro de poco el primer hospital público para animales. “Uno de cada dos hogares en Bogotá tiene una mascota o un animal cuidador o de compañía, es importante devolverles la incondicionalidad que los caracteriza y darles el cuidado que se merecen”, declaró el alcalde a Bloomberglinea.com en noviembre del 2021.
Ojalá pronto podamos hablar de una ley ejecutada de forma correcta y que cumpla los fines para lo cual fue promulgada.
El autor es abogado.
