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No necesitamos dones especiales, ni bolas de cristal, ni practicar la nigromancia para predecir la respuesta de la generalidad a la siguiente pregunta: ¿Es su prioridad no morir asesinado o la condena de sus homicidas?
La interrogante pone al encuestado ante la disyuntiva de priorizar la seguridad ciudadana o la justicia. Si bien ambas son vitales para el normal funcionamiento del Estado de derecho, al ciudadano le resulta prioritaria la seguridad porque ninguno desea morir a manos de un criminal o ser víctima de cualquier otro delito. Subsidiariamente, si los responsables de mi seguridad no evitaron mi muerte, desearía la condena del homicida.
Importa ver el problema con cabeza fría. Los funcionarios responsables de brindar seguridad —de prevenir y evitar la comisión de delitos— son el presidente de la República y el ministro de Seguridad. Cuando estos fracasan y los criminales cometen delitos, los asuntos pasan al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Subrayo: el sistema de justicia interviene cuando falla o es nula la seguridad que debe brindar el Poder Ejecutivo.
Por eso, no vale el discurso del gobierno que pasa la factura de la inseguridad ciudadana al Poder Judicial o al Poder Legislativo. Endosar su responsabilidad a quien no corresponde admite solo dos conclusiones: no se conocen los deberes del cargo o no se tiene capacidad para diseñar y ejecutar la política de prevención.
No son funciones de jueces, fiscales ni de diputados patrullar calles, vigilar zonas de alta criminalidad, interceptar cocaína en altamar, ni recuperar espacios tomados por los delincuentes. La Asamblea Legislativa emite leyes y controla la política del Poder Ejecutivo; el Poder Judicial examina la labor de la policía e impone las penas con base en pruebas suficientes y válidas.
La queja del Ejecutivo contra los otros dos poderes responde al discurso populista que tiene hipnotizado al país. Pero tarde o temprano despertará.
“Sueltan a peligrosos delincuentes condenados a prisión”, dice, pero omite que la libertad la ordenó el Ministerio de Justicia, que forma parte del gobierno.
“Sueltan a los detenidos”, afirma, pero no informa de que la policía no aportó prueba suficiente y su trabajo no pasó el control del Poder Judicial.
Tampoco vale pasar la factura al Poder Legislativo. Agravar penas y castigos nunca generó seguridad. Para muestra un botón: en países donde se aplica la pena de muerte, también campea el crimen organizado, se mata a estudiantes en tiroteos en escuelas y colegios, se atenta contra la vida de clientes de supermercados y la tasa de homicidios es alta. Ni la pena capital inhibe al delincuente.
A nueve meses de asumir el poder, seguimos esperando la política de prevención. Debe pasarse a la acción. El presidente está y estará sometido al contralor de las instituciones y al control informal y muy necesario de la prensa, de los que no se librará invocando el conjuro “canalla”.
Urge articular las instituciones para defender a la patria de una avanzada criminal nunca antes vista en nuestro país. El presidente debe ser un líder para dirigirnos al triunfo frente a la delincuencia transnacional organizada, lo que solo logrará si une en vez de fragmentar.
En esta hora suprema, Costa Rica debe pasar dos pruebas: ganarle a la criminalidad y seguir siendo un Estado de derecho. Pero reprobará si se sigue perdiendo el tiempo en discursos efectistas que solo provocan división.
francisco@dallaneseabogados.com
El autor es abogado.
