
Costa Rica tiene un problema del que hablamos poco porque sus consecuencias no se sienten de inmediato: cada vez nacen menos niños. No es una metáfora. Es demografía.
Durante años discutimos sobre déficit fiscal, pensiones, productividad, empleo e inmigración como problemas independientes. Pero debajo opera una transformación más profunda: tendremos menos jóvenes, más adultos mayores y una fuerza laboral que deberá sostener una carga económica y social mayor.
Costa Rica vive muy por debajo de la tasa de reemplazo. Para que una población pueda reemplazarse, se requiere una fecundidad cercana a 2,1 hijos por mujer. Según el INEC, en 2024 registramos apenas 1,12: aproximadamente la mitad de los hijos necesarios para reemplazarnos.
Y eso cambia casi todo.
El problema es económico
Una población menor no necesariamente es una tragedia. El problema es cómo llegamos a ser menos: antes de disminuir, una población envejece.
En 2024, alrededor de 11 de cada 100 habitantes tenían 65 años o más; para 2050, serán aproximadamente 25. Por cada 100 personas de entre 15 y 64 años, los mayores de 65 pasarían de 16 a cerca de 39. Si las tendencias continúan, la población comenzaría a disminuir alrededor de 2045.
El verdadero problema no es demográfico. Es económico. Las pensiones no las pagan los árboles. Los hospitales no se financian solos. Los impuestos los pagan quienes trabajan y producen. Y habrá proporcionalmente menos personas trabajando y produciendo.
La factura para nuestros hijos
La Costa Rica que construyó la Caja y expandió la educación pública tenía muchos jóvenes entrando al mercado laboral y relativamente pocos adultos mayores que sostener. Ese mundo está desapareciendo.
Podemos reformar pensiones, aumentar productividad o financiarlas con impuestos. Lo que no podemos hacer por decreto es fabricar cotizantes. Una generación que no nació no puede recuperarse 20 años después.
Entonces, aparece la inmigración. Cuando un país deja de producir suficientes trabajadores jóvenes, la inmigración puede amortiguar el envejecimiento. Una persona migrante joven, formalmente empleada y cotizante, puede contribuir al crecimiento, pagar impuestos y fortalecer la seguridad social.
Pero la palabra decisiva es formalidad. Si compensamos el déficit demográfico incorporando población a mercados informales, con baja productividad y escasa cotización, podemos aumentar la demanda por servicios públicos sin resolver el problema financiero.
¿Por qué dejamos de tener hijos?
Las personas no deciden tener hijos después de estudiar una tabla del INEC. Deciden según vivienda, estabilidad laboral, cuido, educación, endeudamiento, aspiraciones profesionales y percepción del futuro.
La baja natalidad no debería convertirse en un reproche a los jóvenes. La pregunta es otra: ¿qué sociedad construimos para que tener hijos sea una decisión económicamente tan difícil?
Tenemos viviendas costosas, jornadas extensas y altos costos de crianza. Quizá el problema no sea que los jóvenes no quieran reproducir nuestra sociedad. Quizá nuestra sociedad se volvió demasiado cara para reproducirse.
Una política de población
No necesitamos que el Estado diga cuántos hijos debe tener una familia. Necesitamos reconocer que vivienda, empleo, cuido, inmigración, productividad, pensiones y natalidad son partes del mismo problema.
Una política de población debería reducir el costo de formar una familia, ampliar el cuido, integrar inmigración productiva, elevar la formalidad y adaptar pensiones y salud a una sociedad que vivirá más años.
En demografía, 20 años son mañana
Si nos equivocamos con una tasa de interés, podemos cambiarla. Si nos equivocamos con un impuesto, podemos reformarlo. Pero si durante 20 años no nacieron suficientes personas, ninguna reforma fiscal puede hacerlas aparecer al cabo de ese periodo.
Durante décadas, Costa Rica disfrutó de una población joven que ayudó a financiar un Estado social amplio. Ese bono demográfico se está agotando. La gran pregunta político-económica será cómo financiar ese contrato social cuando haya menos trabajadores sosteniendo a más adultos mayores.
Habrá que aumentar productividad, reformar pensiones, facilitar que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo y atraer inmigración formal y productiva. Probablemente, todo simultáneamente.
Costa Rica pasó de preguntarse cómo alimentar, educar y emplear a una población creciente a otra pregunta: ¿quién va a trabajar, producir, cotizar y pagar impuestos cuando esa población envejezca?
Ese debería ser uno de los grandes debates nacionales. Y no dentro de 20 años. Ahora.
Porque cuando el problema demográfico sea evidente, buena parte de sus causas pertenecerán al pasado y ya no podrán corregirse.
La pregunta no es solamente cuántos costarricenses habrá en 2050. La pregunta verdaderamente incómoda es otra:¿estamos dispuestos a rediseñar hoy el país que tendrá que sostenerlos mañana?
robertosaad.meza@gmail.com
Roberto Saad es estadístico y economista.