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El Estado de la Educación 2025 es un aporte valiosísimo que nos señala hacia dónde debemos avanzar y cuáles áreas requieren una especial atención. Además, aporta información útil que puede nutrir la discusión pública y orientar a las instituciones y tomadores de decisión en la definición de prioridades educativas.
Sin embargo, este informe muestra un problema serio en uno de sus apartados: cae en un enfoque incrementalista, que parte de sumar necesidades y rezagos, sin detenerse a evaluar las restricciones fiscales ni la sostenibilidad de sus propuestas.
Llama la atención que, en medio de las críticas a la gestión del Ministerio de Hacienda, se omite hablar de la eficiencia del gasto. No todo se resuelve con más recursos. El verdadero reto está en gastar mejor.
Acá cabe hacer una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que países con un gasto per cápita en educación similar o incluso menor que el costarricense obtengan mejores resultados en pruebas internacionales como PISA? Esto desnuda una realidad: no solo es un tema de cuánto invertir, sino de cómo se ejecuta y con qué calidad.
Sorprende también el silencio frente al equilibrio intersectorial. Actualmente, Costa Rica tiene una carga tributaria que ronda 13% del PIB. Si se destina el equivalente del 8% del PIB únicamente a la educación, quedarían apenas cinco puntos porcentuales del PIB para financiar absolutamente todo lo demás: seguridad, salud, infraestructura, cultura, medio ambiente, pensiones, amortizaciones y pago de intereses. ¿Es esto un equilibrio? ¿Estamos dispuestos a asfixiar la provisión del resto de servicios públicos para atender las necesidades de solamente uno?
El informe tampoco resuelve la pregunta más básica sobre el financiamiento a la educación: ¿de dónde saldrán los recursos? Es mi deber como ministro de Hacienda ilustrar magnitudes con ejemplos realistas y concretos. Si el país quiere cumplir con el destino del 8% del PIB a la educación, tendrá que recurrir a medidas de gran impacto, como incrementar impuestos, reducir el gasto público, aumentar el nivel de la deuda del Gobierno Central o eliminar exoneraciones tributarias.
Esto no es una caricatura y mucho menos una exageración: es un ejercicio de realismo fiscal. Fingir lo contrario es caer en un realismo mágico, creer que los recursos necesarios aparecerán por arte de la voluntad política, sin costos ni sacrificios.
En cuanto a las referencias a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es necesario ser más rigurosos. Sí, el organismo ha señalado que existen márgenes para mejorar la gestión y recaudación de impuestos, pero también ha recomendado ampliar la base del impuesto al valor agregado y la revisión de las exoneraciones tributarias, las cuales, en la práctica, son ajustes que aumentan la carga tributaria. Por eso, los ejemplos que hemos utilizado reflejan la magnitud de lo que significa financiar la promesa del financiamiento a la educación.
Otro gran ausente en la discusión es el comportamiento demográfico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la población en edad escolar está en descenso. Esto sugiere que el desafío no es necesariamente gastar más, sino gastar mejor. Insistir en porcentajes crecientes, cuando la demanda de estudiantes cae, es síntoma de una mala planificación.
El debate debe basarse en propuestas que combinen calidad en la ejecución, disciplina fiscal y una visión de desarrollo integral. Lo que efectivamente no se dice es que, sin esa responsabilidad, cualquier promesa de financiamiento será solo una ilusión. Lo que algunos presentan como un horizonte posible, en realidad no es más que el realismo mágico de las políticas públicas.
La disciplina fiscal no debe verse como un obstáculo; debe verse como la base para que las soluciones sean sostenibles y para que la educación costarricense avance pujante hacia el futuro.
Rudolf Lücke Bolaños es ministro de Hacienda.
