EscucharLos dos candidatos que pasaron a la segunda ronda, José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, y Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, se consideran ligados a una perspectiva socialdemócrata, la cual, como su nombre indica, tienen una especial preocupación por lo social y, en particular, por la erradicación de la pobreza.
Por ello, me parece oportuno aportar mi experiencia en el campo de las acciones públicas eficaces para combatirla, entre las cuales destacaría dos.
La primera guarda relación con los factores que determinan la evolución y el comportamiento. Un candidato afirmó que la mejor política social es el crecimiento del empleo, que regularmente acompaña el crecimiento económico.
Esa afirmación es parcialmente cierta. Como demostramos en la investigación que dio lugar al libro Desigualdad y pobreza en Costa Rica (Cedal, 2011), la reducción sensible de la pobreza se ha presentado cuando han tenido lugar dos factores: a) crecimiento económico y del empleo; y b) políticas públicas vigorosas para reducirla.
Cuando el primer factor tuvo preponderancia, y no el segundo, la oscilación de los niveles de pobreza fueron muy reducidos. Pero, de igual forma, cuando se promovieron políticas sociales robustas sin que tuviera lugar el crecimiento del empleo, la pobreza se mantenía o aumentaba, es decir, solo la conjunción de ambos permite reducir sensiblemente la pobreza.
La otra actuación clave se refiere al aumento de la eficacia de la inversión social. En los últimos años, antes de la llegada de la pandemia de covid-19, se registró un incremento apreciable de la inversión social sin que los indicadores de pobreza variaran de forma sustantiva.
La experiencia indica que la eficacia al respecto guarda relación con la urgente necesidad de un ordenamiento del sector social. En los pasados debates electorales, un candidato insistió en que para lograr ese objetivo es necesario fusionar las 23 entidades que se encargan de la materia en un nuevo ministerio.
La dispersión de entidades, efectivamente, es causa de ineficiencia, por ende, resulta aconsejable cambiar el sentido de la propuesta. La reingeniería del sector social selectivo necesita un rector, pero no es cuestión de suprimir entidades, sino de ordenarlas de forma sistémica, dirigidas en conjunto por la entidad rectora, institucionalizada, que bien podría ser un ministerio de desarrollo social.
Estoy convencida de que esos dos criterios son clave para emprender una actuación eficaz y eficiente de la acción gubernamental contra la pobreza, sobre todo, desde una perspectiva socialdemócrata. Por ello, lo sugiero como parámetro para valorar las propuestas de ambos candidatos.
La autora es exviceministra de Desarrollo Social.
