La tragedia de un Estado que perdió el sentido de urgencia

Era el Día del Niño. Una familia salió de misa en Limón y, aparentemente, afuera la esperaban sicarios. Se produjo una balacera y el padre y su hijo fueron alcanzados por las balas.

Desesperado, el padre llevó al niño al Hospital Tony Facio. El pequeño tenía una herida de bala en el abdomen y necesitaba ser trasladado urgentemente al Hospital Nacional de Niños.

Hasta aquí, una tragedia. Pero entonces comenzó nuestra segunda tragedia: la burocracia.

El hospital activó el procedimiento para conseguir un vuelo ambulancia. La Caja Costarricense de Seguro Social consultó al Servicio de Vigilancia Aérea, pero la respuesta fue que no había aeronave ni piloto disponible.

La Caja buscó una alternativa privada: apareció SAAT. Había aeronave, tripulación y personal médico. Todo estaba listo, pero faltaba la autorización de la Dirección General de Aviación Civil. Había que explicar que era un vuelo ambulancia, informar sobre el paciente y la empresa, y esperar la autorización para que saliera de Pavas.

Y esperamos. Un tiempo exagerado e injustificable para una emergencia en la que cada minuto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Finalmente, llegó la autorización y la aeronave voló a Limón con personal médico del Hospital Nacional de Niños. Pero ya era demasiado tarde. El pequeño había perdido demasiada sangre y tuvo que ser llevado directamente a cirugía. La aeronave regresó a las 6 de la mañana. Vacía, porque el niño murió durante la operación.

Y aquí comienza mi indignación, porque conozco este tema desde adentro. Durante años, fui parte del Servicio de Vigilancia Aérea: fui piloto, instructor, jefe de pilotos, jefe de operaciones y subdirector. Sé cómo se hacían los vuelos ambulancia y qué significa recibir una emergencia. Cuando hay una vida en juego, se busca la manera de hacer el vuelo.

Antes, las cosas eran más sencillas. No porque no existieran controles ni seguridad operacional, sino porque había algo llamado sentido común.

Hoy tenemos más plazas de pilotos que entonces, pero muchas menos aeronaves. Pasamos de alrededor de 18 aeronaves en Vigilancia Aérea a apenas dos operativas en 2026. Durante la administración anterior, se enviaron a desechar más de diez. Así, fuimos desmantelando la capacidad aérea del Estado.

Menos aviones y más trámites: qué combinación tan maravillosa.

También hay que hablar de Aviación Civil. Durante el gobierno anterior, se modificaron los protocolos para las operaciones nocturnas desde Pavas y se establecieron procedimientos especiales para los vuelos ambulancia. Cabe preguntar si esos cambios se hicieron pensando en el bienestar y la seguridad de los usuarios del aeropuerto o si terminaron siendo parte de un conflicto político con quienes eran considerados enemigos del oficialismo.

No estoy diciendo que una sola persona sea responsable de la muerte del niño. Señalo algo más incómodo: las decisiones administrativas tienen consecuencias. Un protocolo puede ordenar un aeropuerto, pero uno mal diseñado o aplicado sin sentido de urgencia puede convertirse en un obstáculo cuando cada minuto cuenta.

Aquella noche había una empresa privada lista para volar, médicos y una aeronave. Lo que faltaba era una autorización que tardó demasiado.

Pero mientras la empresa privada esperaba, el Servicio de Vigilancia Aérea tampoco realizó el vuelo. ¿Realmente, no había una aeronave disponible? ¿No podía utilizarse otra tripulación? ¿No debería estar preparado para responder ante emergencias?

A las 8:40 de la mañana siguiente despegó el MSP-024, un Caravan del Servicio de Vigilancia Aérea, rumbo a Buenos Aires. A bordo iba el vicepresidente de la República.

No digo que el vicepresidente no tuviera derecho a viajar ni que esa misión fuera ilegal. La pregunta es otra: ¿por qué para un niño que se estaba muriendo no encontramos una aeronave, mientras pocas horas después sí había una aeronave del Estado para otra misión?

Y que nadie me diga que esto no es política. Claro que lo es. Hablamos de decisiones de gobierno, recursos públicos y aeronaves del Estado. Sobre todo, hablamos de para quién existen esos recursos.

Las aeronaves del Estado no son propiedad de un ministro, del presidente ni del vicepresidente. Son de los costarricenses. Cuando un costarricense necesita una aeronave para salvar la vida de su hijo, el Estado debería preguntarse primero: “¿Cómo hacemos para lograrlo?”, y no: “¿Qué formulario falta?”.

Al final, todos pueden tener una explicación. La CCSS puede decir que siguió el procedimiento; Vigilancia Aérea, que no tenía aeronave o piloto disponible; Aviación Civil, que debía cumplir el protocolo. Todos hicieron su parte. Todos tienen una explicación. Solo hay un problema: el niño murió.

¿Quién es responsable? ¿Vigilancia Aérea, por no encontrar la manera de realizar el vuelo? ¿Aviación Civil, por una demora excesiva? ¿La CCSS, por no encontrar una solución más rápida? ¿El gobierno anterior, por las decisiones sobre los protocolos de Pavas? ¿Quienes permitieron que Vigilancia Aérea pasara de aproximadamente 18 aeronaves a apenas dos operativas?

Quizá la respuesta sea la que nadie quiere escuchar: todas las anteriores.

Porque mientras las instituciones se pasan la responsabilidad unas a otras, un niño estaba perdiendo sangre. Mientras unos llamaban, otros esperaban; mientras unos autorizaban, otros cumplían protocolos. Y mientras todos hacían lo que supuestamente tenían que hacer, un niño murió. Precisamente el Día del Niño.

El Estado no se quedó sin protocolos. Se quedó sin sentido de urgencia.

Y los ciudadanos también tenemos que asumir nuestra parte. Somos nosotros los que elegimos a quienes gobiernan. Los elegimos para que hagan que el Estado funcione, no para que nos expliquen, después de una tragedia, por qué nadie pudo hacer nada.

Un niño murió esperando ayuda. La burocracia llegó tarde.

capromero@gmail.com

Alex Romero Salazar fue capitán de Policía del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública (1998–2018).