El crecimiento del turismo en los últimos 30 años ha aportado grandes beneficios a la sociedad costarricense, pues la actividad ofrece un abanico de posibilidades de desarrollo económico y social, y es un factor dinamizador de nuestra economía porque genera divisas, atrae inversiones, estimula el empleo y crea riqueza.
Tres décadas de un vertiginoso crecimiento de la industria le permite al país atender la visita de tres millones de turistas al año, captar divisas por casi $4.000 millones y emplear directamente a un poco más de 150.000 personas.
Pero el sector enfrenta hoy un grave problema: los perniciosos efectos que sobre la imagen del país tienen los lamentables sucesos en los que han perdido la vida inocentes turistas, ya sea a manos de crueles delincuentes o a causa de imprudentes accidentes.
Esas personas vinieron a nuestro país a disfrutar de su paz, bellezas naturales y de la bonhomía de los costarricenses, pero, en su lugar, encontraron un país violento e inseguro, donde las autoridades policiales son incapaces de controlar el aumento de la violencia de todo tipo; un país donde los encargados del control de los operadores de servicios turísticos de aventura, los que por su naturaleza son riesgosos, no ejercen una supervisión y un cuidado celoso de dicha actividad.
Factor determinante. Estadísticamente, está comprobado que, además de los atractivos naturales, históricos o culturales, del precio y la calidad de la oferta de servicios, el turista busca seguridad y les da prioridad a aquellos países donde el riesgo es menor, es decir, que en la elección de un destino turístico la seguridad es una valoración determinante.
Por otra parte, los gobiernos de los países emisores de turismo acostumbran advertir y desaconsejar a sus ciudadanos la visita a destinos peligrosos, por lo cual la mala reputación es muy negativa y causa un grave daño a Costa Rica.
Es urgente, entonces, que el gobierno y el sector privado planifiquen y ejecuten acciones preventivas para evitar un mayor daño. Sería muy útil, por ejemplo, que las empresas turísticas les proporcionen a sus clientes la información precisa de las medidas de autoprotección que deben adoptar y que las autoridades policiales incrementen los niveles de seguridad en las zonas turísticas.
También es primordial una eficiente y eficaz supervisión y control de las empresas prestadoras de servicios al turista, con el fin de garantizar el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen su actividad.
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Unidad. En esta coyuntura, es esencial la unión de esfuerzos de las autoridades gubernamentales y del sector privado, puesto que el problema de inseguridad ciudadana del país es, indudablemente, un asunto de realidades, pero también de percepciones, por lo cual es necesario trabajar en ambos aspectos.
No dudamos de que la actual ministra del ramo, María Amalia Revelo, de gran experiencia en esta actividad, asumirá el liderazgo y la coordinación del trabajo que debe hacerse para superar esta grave situación.
El autor es expresidente de Canatur.