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En Costa Rica, la regulación de los servicios públicos suele aparecer en el debate nacional solo cuando se discuten tarifas. Sin embargo, detrás de esas decisiones, existe un trabajo técnico complejo que define cómo funcionan sectores estratégicos como la electricidad, el agua o el transporte público.
En los últimos años, estos sectores han afrontado transformaciones profundas. La transición energética, la digitalización de los servicios, la innovación y las crecientes demandas ambientales obligan a repensar constantemente las reglas que organizan estos mercados. En ese contexto, la regulación ha tenido que adaptarse con mayor rapidez y sofisticación técnica.
En el caso de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el periodo reciente muestra avances importantes. Entre 2021 y 2025, la Junta Directiva aprobó 40 instrumentos regulatorios, incluyendo metodologías tarifarias, reglamentos técnicos y modificaciones estructurales en sectores como energía, agua y transporte. Esto refleja un esfuerzo significativo por actualizar el marco regulatorio frente a nuevas exigencias tecnológicas y legales.
Además, se impulsaron mejoras en la calidad técnica de la regulación mediante metodologías basadas en evidencia, el fortalecimiento del uso de datos para la toma de decisiones y el inicio de esfuerzos para incorporar análisis de impacto regulatorio. Aunque esta práctica aún es incipiente en el país, representa un paso importante hacia una regulación más sistemática y basada en evidencia. También se promovieron procesos de socialización temprana con actores del sector, lo que fortaleció la transparencia y la calidad de las decisiones regulatorias.
Otro aspecto positivo ha sido la adaptación de la regulación a cambios tecnológicos en los servicios públicos. Durante el periodo se incorporaron innovaciones como la habilitación del pago electrónico en el transporte público, la incorporación de buses eléctricos en las metodologías tarifarias y ajustes en el sector eléctrico como la flexibilización de la tarifa de usuarios directos (T-UD), orientada a mejorar la competitividad, atraer nuevas inversiones y mantener las empresas existentes. Estas medidas muestran un esfuerzo por evitar que la normativa se convierta en una barrera para la innovación.
Sin embargo, estos avances conviven con desafíos estructurales que el país aún debe afrontar y ante los cuales la regulación mantiene tareas pendientes.
Uno de ellos es el desarrollo y despliegue de la generación distribuida. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que Costa Rica debe continuar modernizando su marco regulatorio eléctrico para facilitar la integración de nuevas tecnologías, atraer inversión y mejorar la eficiencia del sistema energético. En este contexto, el regulador debe prestar especial atención a este tema y explorar alternativas regulatorias que permitan acelerar su desarrollo, garantizando a la vez la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.
El segundo desafío, menos visible pero urgente, es el saneamiento de aguas residuales. Aunque el país ha alcanzado altos niveles de cobertura en agua potable, el tratamiento de aguas residuales continúa rezagado. La OCDE ha advertido de que fortalecer la planificación e inversión en infraestructura de saneamiento será clave para proteger los recursos hídricos y mejorar la salud ambiental.
Ambos temas muestran que la regulación no consiste únicamente en fijar tarifas. También implica anticipar cambios tecnológicos, promover inversiones y asegurar que los servicios públicos evolucionen de manera sostenible.
Los avances institucionales demuestran que es posible modernizar gradualmente la regulación y adaptarla a los cambios tecnológicos y económicos que enfrentan los servicios públicos. Pero los desafíos pendientes no solo evidencian el camino que falta por recorrer; también delinean la hoja de ruta de las reformas regulatorias que el país deberá priorizar en el corto plazo.
Porque la regulación no puede verse como un trámite administrativo: es una pieza central para que los mercados emulen competencia, se incentive la inversión y los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad sostenibles en el tiempo.
dfernandez@aresep.go.cr
Daniel Fernández Sánchez es economista y especialista en regulación, exintendente de Transporte (2019-2021) y exdirector general de Desarrollo de la Regulación de Aresep (2021-2026).
