EscucharMe veo remando un bote mar adentro hasta el cansancio total, descansar unos minutos con los ojos cerrados y al despertar estoy en la orilla del mar, en la playa. Una corriente me empujaba hacia atrás, mientras bogaba hacia el océano profundo tratando de huir.
La marinera aventura fue la pesadilla de un viernes en la noche, después de cansadas luchas por tratar de sacar la nariz del agua. Respirar para mí significa pagar los gastos del negocio, algunas deudas, los impuestos en general.
Producir parece la aventura de Odiseo intentando resolver problemas y saltando obstáculos para llegar al punto de equilibrio financiero en Ítaca. A lo largo de la ruta marítima se van ahogando muchas empresas hasta que, en el peor de los males, quede solo una.
A los marineros que quieran emprender una aventura para abrir un negocio, cualquiera que sea, deben saber primero que les pedirán uso de suelo, permiso sanitario de funcionamiento, patente, pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Instituto Nacional de Seguros (INS), personería jurídica, inscripción en Hacienda, etc.
Cada paso está amarrado uno con otro y ligado a distintas instituciones públicas. Todo nos cuesta dinero y tiempo. Con temor a equivocarme, y espero que sea usted quien lo califique, me parece que estamos ante el monopolio de la tramitomanía que tiene como objetivo sacarnos dinero. Y esto lo digo porque si todos los pasos que debemos cumplir no incluyeran cobros futuros como la patente, la CCSS, el INS, etc., tal vez, no existirían.
De lo anteriormente dicho se colige que el gobierno, para encarecer y dificultar el emprendimiento de los negocios y los trabajos independientes de la población, crea trámites con la única intención de agrandarse. Al mismo tiempo, tenemos las municipalidades que desean ensanchar sus cuentas a costa de nuestro esfuerzo.
De no ser así, ¿cómo entender que en Costa Rica el 46% de los trabajadores sean informales? Quiero dar un reconocimiento al esfuerzo de todos los balseros que mediante sus labores independientes, de diversas maneras, mantienen a sus familias. El Estado tiene la obligación constitucional, según el artículo 72, de instaurar un sistema técnico y permanente de protección para los desocupados involuntarios y debe procurar reintegrarlos al mercado formal, pero no lo ha hecho.
Entonces, el Estado debería crear un seguro de desocupación y tampoco lo ha hecho. Los diferentes gobiernos no han cumplido el mandato, muy al contrario, han obstaculizado que nos hagamos a la mar.
El autor es bioeticista.
