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El 19 de febrero, en este mismo espacio, el distinguido jurista Cristian M. Arguedas ha señalado, desde el rigor del Derecho, una verdad que el país entero percibe con creciente inquietud: la mora judicial se ha convertido en uno de los problemas centrales de nuestro sistema de justicia.
Su análisis, sólido y necesario, confirma desde la perspectiva técnica, lo que el ciudadano común experimenta en su vida cotidiana.
Más allá de los juicios y de los expedientes, la mora judicial ha dejado de ser un problema administrativo. Se ha transformado en un problema estructural que amenaza la credibilidad misma del Estado de derecho y, con ella, la estabilidad de nuestra democracia.
No hablamos de días. No hablamos de meses. No hablamos siquiera de años. Hablamos, a veces, de vidas enteras consumidas a la espera de justicia.
La interacción entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República no ofrece al ciudadano una respuesta oportuna; más bien, suele convertirse en un laberinto donde los expedientes se diluyen entre trámites interminables, recursos inagotables y decisiones que nunca terminan de llegar.
Mientras tanto, el país observa cómo se acumula una infinidad de casos históricos pendientes de resolución. Casos que han sobrevivido a gobiernos, legislaturas y generaciones. Casos que han sobrevivido, incluso, a la esperanza.
No es necesario probar la mala fe para comprender la magnitud del daño. Basta con observar sus consecuencias. Porque el resultado es devastador: un sistema que tarda demasiado termina, inevitablemente, protegiendo al infractor y castigando al ciudadano que cumple la ley.
El tiempo, que debería ser instrumento de la justicia, se ha convertido en su peor adversario. Peor aún: se ha convertido en su cómplice. Y así nacen profesionales que se especializan y lucran con las innobles prácticas de dilatar procesos judiciales. También surge la práctica antiética de gobernantes acusados por múltiples delitos que pasan de un régimen de inmunidad a otro para eludir la justicia, mientras los ciudadanos permanecen, boquiabiertos, a su espera.
Así nace la impunidad en Costa Rica. No siempre por corrupción, sino por desgaste. No siempre por complicidad, sino por inercia. Pero, para los efectos prácticos del ciudadano, el resultado es el mismo. Cuando la justicia pierde eficacia, pierde autoridad. Y cuando pierde autoridad, pierde legitimidad. Y cuando pierde legitimidad, pierde su capacidad de sostener la democracia.
Defender la independencia judicial nunca debe significar tolerar su ineficiencia. La independencia del Poder Judicial no es un privilegio. Es una responsabilidad que exige resultados.
Lo afirmo, además, no solo como observador de la vida nacional, sino como ciudadano que, como tantos otros, ha acudido a las instituciones con respeto, con pruebas y con la confianza histórica que Costa Rica ha depositado en sus tribunales, esperando que la promesa fundamental de la democracia –la existencia de una justicia pronta– se cumpliera.
Cuando esa espera se prolonga tanto, deja de ser un trámite y se convierte en una herida, a veces abierta. Porque una justicia que no resuelve deja, simplemente, de ser justicia. Se convierte en una ilusión.
Las democracias no suelen morir de un golpe. Mueren lentamente, cuando el ciudadano aprende que la ley no lo protege. Mueren cuando el infractor pierde el temor. Mueren cuando la justicia pierde el tiempo.
Una justicia que tarda hasta décadas no es una justicia lenta. Es una justicia que ha renunciado a su razón. Y cuando la justicia renuncia a su razón, la democracia comienza a perder su alma.
jaime.feinzaig@icloud.com
Jaime Feinzaig es cirujano dentista y exembajador de Costa Rica en Italia.
