Escuchar
Costa Rica tiene políticas portuarias, autoridades portuarias, concesiones portuarias y comisiones portuarias. Lo que no tiene, y nunca ha tenido, es una arquitectura institucional para gobernar ciudades portuarias. La diferencia no es semántica. Un puerto es una infraestructura: muelles, grúas, contenedores, tarifas. Una ciudad portuaria es un territorio habitado, donde hay escuelas, hospitales, comunidades organizadas y problemas que ningún cargamento resuelve.
Detrás de esa distinción, hay una omisión histórica: el Estado costarricense ha mirado a sus puertos como nodos del comercio exterior, no como ciudades.
Los datos son tercamente consistentes. Limón es la única provincia donde todos sus cantones se ubican bajo el promedio nacional de Desarrollo Humano. Matina ostenta el IDH más bajo del país. Las regiones Huetar Caribe y Brunca duplican los niveles de pobreza de la región Central.
Detrás de cada terminal, hay una niñez que el narcotráfico recluta antes que la escuela, jóvenes sin empleo formal, mujeres jefas de hogar invisibles, comunidades que ven pasar contenedores millonarios mientras esperan, durante décadas, una carretera o un puesto de salud.
El problema no es que Costa Rica tenga puertos malos. Es que el Gobierno Central los administra como si fueran solamente puertos, ignorando que cada uno está cosido a una ciudad. Quienes han cargado con esa contradicción son los gobiernos locales: las municipalidades portuarias del Pacífico y del Caribe han sostenido durante décadas, casi siempre con presupuestos insuficientes y competencias recortadas, lo que el Estado central no quiso ver. No son ejecutoras subordinadas de decisiones tomadas en San José; son los actores que mejor conocen sus territorios, y tienen derecho a integrar el diseño institucional desde el inicio.
Esta omisión no es nueva. Acompaña al modelo desde los tiempos del enclave bananero, cuando la lógica era extraer hacia afuera sin construir ciudad. Lo que ha cambiado es el contenido del enclave –ya no banano, sino contenedores, cruceros, hidrocarburos–; lo que no ha cambiado es la mirada institucional que lo sostiene.
En América Latina hay experiencias de las que conviene aprender. Chile estableció en 1997, mediante la Ley 19.542, los Consejos de Coordinación Ciudad-Puerto: instancias específicas que articulan, en cada región portuaria, gobierno regional, municipalidades y empresa portuaria, con el mandato acotado de procurar el desarrollo armónico entre puerto y ciudad.
Perú ha desarrollado figuras análogas. Costa Rica cuenta con las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes), creadas por la Ley 10.096, que son un avance institucional importante; pero su mandato es amplio –desarrollo regional en general–, y eso puede diluir la especificidad que requiere la interfaz puerto-ciudad. No se trata de sustituirlas, sino de dotar a los territorios portuarios de un instrumento adicional, acotado a su problemática específica.
La coincidencia política es notable. Una legislatura instalada el 1.° de mayo anterior, con fuerte representación de las regiones costeras, define en estos días sus prioridades. El 8 de mayo asumió un Ejecutivo encabezado por una persona originaria de una ciudad portuaria del Pacífico. La oportunidad para repensar la relación del país con sus territorios portuarios no se había presentado nunca con tanta claridad.
Hace falta una política nacional de ciudades portuarias que articule, con visión de Estado, el trabajo de los gobiernos locales con el de Incop, MOPT, Mivah y Mideplán: una arquitectura con presupuesto, jerarquía, rendición de cuentas y diálogo real entre niveles de gobierno.
Mientras eso no ocurra, seguiremos confundiendo crecimiento del comercio exterior con desarrollo nacional. Y los limonenses, puntarenenses, quepeños y golfiteños seguirán recibiendo, cada cierto tiempo, alguna política pública diseñada en San José (programas de inglés en una comunidad bilingüe desde hace más de siglo y medio, planes que llegan sin preguntar primero qué saben ya, qué necesitan y qué no).
La pregunta que la nueva legislatura, el Ejecutivo que acaba de asumir labores y los gobiernos locales deben hacerse al definir sus agendas es elemental y, aun así, urgente: ¿queremos seguir gestionando puertos, o vamos, finalmente, a gobernar ciudades portuarias?
rrios@uned.ac.cr
Roger Humberto Ríos Duarte es doctor en Sociología, docente en la Universidad Nacional (UNA) y coordinador del Programa Integral de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades Portuarias (Procip) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Fue presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) entre 2016 y 2018.
